CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (XPFM).- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública para emitir los nuevos Lineamientos Generales para el Ejercicio y Protección de los Derechos de las Audiencias, una propuesta que, según el organismo, busca fortalecer los mecanismos de defensa de radioescuchas y televidentes. Sin embargo, especialistas, concesionarios y medios de comunicación advirtieron que el proyecto podría convertirse en un instrumento de control sobre los contenidos informativos y representar un riesgo para la libertad de expresión.
La consulta permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto y plantea que las estaciones de radio y televisión cuenten con códigos de ética, defensorías de las audiencias y procedimientos para atender quejas relacionadas con la información difundida. Entre los objetivos centrales figura “garantizar que las audiencias reciban información veraz“, así como diferenciar con claridad las noticias, las opiniones y la publicidad.
No obstante, uno de los puntos que más controversia ha generado es el papel del “defensor de las audiencias”. De acuerdo con especialistas y representantes de medios, la figura carecería de verdadera autonomía, ya que sus resoluciones podrían ser modificadas o revocadas por la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Además, advierten que el defensor estaría obligado a atender los requerimientos del organismo regulador y podría enfrentar sanciones, al igual que los concesionarios, si incumple las directrices establecidas.
Este diseño institucional abre la puerta para que una autoridad administrativa intervenga en decisiones editoriales y determine qué contenidos pueden considerarse veraces, falsos o descontextualizados, una facultad que, afirman, rebasa la protección de las audiencias y se acerca a un esquema de supervisión de contenidos. Bajo esa óptica, el proyecto genera desconfianza pues no impondría límites a la regulación de los medios y la censura gubernamental.
Por su parte, la presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, rechazó que la propuesta tenga como finalidad restringir la libertad editorial. Aseguró que el proyecto busca saldar una deuda pendiente desde que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014, y subrayó que “las personas dedicadas al periodismo y la conducción de programas conservan el derecho de emitir opiniones, siempre que las audiencias puedan distinguir claramente cuándo se trata de información, opinión o publicidad”.
La iniciativa también retoma disposiciones que obligan a evitar la difusión de información falsa o presentada fuera de contexto y establece un procedimiento para que cualquier persona pueda presentar una queja dentro de los siete días posteriores a una transmisión. La defensoría deberá emitir una resolución en un plazo máximo de 20 días y, si el concesionario no atiende sus recomendaciones, el expediente podrá ser revisado por la propia CRT.
La discusión ocurre en un contexto particularmente sensible para la libertad de expresión en México. Desde las reformas de 2017 al artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y las resoluciones posteriores de la Suprema Corte, la regulación de los derechos de las audiencias ha generado constantes disputas entre autoridades y medios.
Para diversos analistas, el nuevo proyecto podría concentrar en la CRT facultades que trascienden la protección de las audiencias y otorgarle capacidad para influir en los contenidos informativos, un escenario que consideran incompatible con la independencia editorial y el ejercicio pleno del periodismo.
