CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (XPFM).- Las Madres Buscadoras de Jalisco denunciaron que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado les negó el acompañamiento institucional solicitado para continuar las labores en un sitio donde, según el colectivo, fue localizado un crematorio clandestino de gran magnitud con numerosos restos humanos calcinados. La organización acusó que, una vez más, son las familias quienes realizan tareas que corresponden al Estado.
De acuerdo con la documentación difundida por el colectivo, el pasado 21 de julio su líder, Ceci Patricia Flores Armenta, solicitó formalmente al comisionado estatal de Búsqueda, Víctor Hugo Ávila Barrientos, apoyo para el traslado, alimentos, herramientas y acompañamiento de 35 integrantes que participarían en una jornada de búsqueda programada para los días 25 y 26 de julio en el municipio de Ayutla. En el oficio también se pidió gestionar respaldo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para garantizar alimentación durante las actividades.
Sin embargo, en la respuesta oficial, fechada el mismo 21 de julio, la Comisión informó que su agenda operativa no permitía atender la petición “en los términos y condiciones requeridos” para esas fechas. En lugar del apoyo solicitado, la dependencia propuso realizar una mesa de trabajo el 23 de julio para buscar alternativas dentro de sus capacidades institucionales.
La negativa provocó la inconformidad del colectivo, que calificó de inconcebible que la institución creada para respaldar a las víctimas se negara a acompañarlas precisamente cuando, aseguran, ya localizaron un punto de alto interés para la recuperación de restos humanos.
Las Madres Buscadoras sostuvieron que no están solicitando privilegios, sino el cumplimiento de una obligación legal y humanitaria por parte de las autoridades.
En un posicionamiento público, las integrantes del colectivo señalaron que carecen de vehículos y recursos económicos para trasladarse al sitio, por lo que cuestionaron quién asumirá la responsabilidad de recuperar los restos si las instituciones encargadas de la búsqueda no brindan el apoyo necesario. “¿A quién debemos acudir? ¿Quién se hará responsable de rescatar esos restos humanos?”, plantearon.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la respuesta institucional frente a la crisis de desapariciones en Jalisco, uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas en el país. Mientras los colectivos aseguran que continúan localizando fosas y posibles centros de exterminio con recursos propios, denuncian que el respaldo oficial sigue siendo insuficiente, lo que, afirman, obliga a las familias a enfrentar solas una emergencia humanitaria que corresponde atender al Estado.
