CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (XPFM).- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, desató una nueva polémica tras anunciar que su administración elaborará una lista de medios de comunicación críticos de su gobierno con el propósito de dejar de responder las preguntas provenientes de esos espacios informativos, una decisión que organizaciones y periodistas consideran un acto de censura y exclusión hacia la prensa.
Durante una conferencia pública, el mandatario emanado de Morena afirmó que, una vez concluidas las actividades de la Guelaguetza, se identificará a los “portales que nos odian” para que, cuando los reporteros formulen preguntas basadas en publicaciones de esos medios, simplemente no reciban respuesta.
“Vamos a hacer una descripción de todos los portales que nos odian… si está dentro de eso, yo no se los voy a contestar”, expresó.
Las declaraciones fueron acompañadas de descalificaciones hacia los medios que cuestionan a su administración. Jara aseguró que quienes critican a su gobierno actúan movidos por el odio y afirmó que esas personas “ya no piensan” y carecen de sentimientos, comentarios que fueron interpretados como un intento de desacreditar el trabajo periodístico en lugar de responder a los cuestionamientos públicos.
Tras la difusión de sus declaraciones, usuarios en redes sociales señalaron que el fragmento correspondiente fue retirado de la transmisión oficial de la conferencia. Sin embargo, tras la severas críticas, fue reestablecido posteriormente.
Periodistas y defensores de la libertad de expresión, advierten que la decisión de seleccionar qué medios pueden recibir respuestas de un funcionario público rompe con el principio de apertura y rendición de cuentas que debe prevalecer en las conferencias gubernamentales. Consideran que el acceso a la información no puede condicionarse al tono editorial de un medio de comunicación.
La controversia se suma a los cuestionamientos que enfrentan distintos gobiernos por su relación con la prensa crítica. Para especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, la respuesta institucional frente a publicaciones incómodas debe ser el debate público y la transparencia, no la elaboración de listas de exclusión que podrían interpretarse como un mecanismo de presión contra el ejercicio periodístico.
