CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (XPFM).- El asesinato del abogado penalista Alfredo Duarte Martínez en Irapuato volvió a exhibir la violencia que enfrenta el gremio jurídico en Guanajuato, donde al menos 18 abogados, litigantes y funcionarios con formación en Derecho han sido asesinados desde agosto de 2024.
El nuevo crimen ocurre en un contexto en el que la mayoría de estos casos permanece sin responsables sentenciados públicamente, alimentando las críticas por la falta de resultados en materia de procuración de justicia hacia las autoridades estatales y federales.
De acuerdo con los reportes, Duarte Martínez fue atacado la mañana de ayer martes cuando descendía de su automóvil para ingresar a una tienda de conveniencia ubicada en el cruce del Cuarto Cinturón Vial y la avenida Malecón del Río, al norte de Irapuato. Testigos señalaron que dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximaron al litigante y uno de ellos le disparó en repetidas ocasiones a corta distancia antes de escapar. La víctima recibió al menos cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, y falleció en el lugar.
Elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y paramédicos acudieron tras el reporte al 911; sin embargo, únicamente confirmaron el fallecimiento del abogado. Peritos de la Fiscalía General del Estado aseguraron evidencias balísticas e iniciaron la carpeta de investigación para establecer el móvil del crimen y localizar a los responsables, aunque hasta el momento no se ha informado si el homicidio está relacionado con su actividad profesional.
El asesinato de Duarte Martínez no constituye un hecho aislado. Entre agosto de 2024 y julio de 2026, Guanajuato ha registrado una cadena de homicidios contra abogados, defensores públicos, mediadores judiciales, docentes de Derecho y funcionarios vinculados al sistema de justicia. Entre las víctimas se encuentran José Luis Valenzuela, María Paloma Serna Hernández, Salvador Alejandro González, Franco Rangel, Jacob Alejandro Rodríguez Amate, Osnar Baruc Casillas, Francisco Arellano Mancera, Irán Villarreal Belmont, Carlos Rojas Domínguez, Óscar Guillermo Pérez Murillo, Gustavo Emilio Delgado Muñoz, Sara Zavala Rodríguez, Juan Alberto Camarillo Zavala, María Antonieta Luna Bautista, Tiburcio Villegas Ornelas, José Antonio Tiburcio Villegas Rodríguez y Jesús Armando Rosales Álvarez.
La reiteración de estos ataques ha encendido las alertas sobre la vulnerabilidad de quienes ejercen funciones relacionadas con la impartición y defensa de la justicia. Abogados litigantes, funcionarios judiciales y operadores del sistema penal desempeñan actividades que con frecuencia los colocan frente a organizaciones criminales o conflictos de alto riesgo, mientras que la falta de esclarecimiento de numerosos casos fortalece la percepción de que la violencia puede ejercerse contra este sector sin consecuencias inmediatas.
Aunque Guanajuato mantiene desde hace años una estrategia conjunta entre autoridades estatales y fuerzas federales para contener la violencia, el homicidio de otro abogado evidencia que las medidas implementadas no han logrado frenar los ataques dirigidos contra profesionales del Derecho. La continuidad de estos asesinatos plantea dudas sobre la eficacia de las políticas de seguridad y sobre la capacidad de las instituciones para garantizar protección a quienes forman parte del sistema de justicia.
El crimen de Alfredo Duarte también mantiene la percepción sobre el elevado grado de impunidad en la entidad. Mientras familiares, colegas y organizaciones exigen investigaciones rápidas y resultados concretos, la acumulación de homicidios sin resoluciones públicas fortalece la percepción de que los responsables continúan operando con amplios márgenes de acción. En un estado donde la violencia alcanza a ciudadanos, servidores públicos y ahora de manera recurrente al gremio jurídico, cada nuevo asesinato representa no sólo la pérdida de una vida, sino un nuevo cuestionamiento a la capacidad del Estado para hacer valer el Estado de derecho.
