CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (XPFM).- La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia del caso de Dafne, la menor que perdió la vida tras su estancia en la Academia Militarizada Marina Doenitz de Tamaulipas, al señalar que la investigación corresponde exclusivamente al Gobierno de Tamaulipas, al tratarse de una institución que no depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Su postura generó cuestionamientos entre quienes esperaban una intervención más firme del Gobierno federal en un caso que ha despertado indignación pública, y es que durante su conferencia, la mandataria explicó que este tipo de academias son centros educativos estatales con formación basada en disciplina militar, por lo que sostuvo que corresponde a las autoridades locales revisar sus condiciones de operación y esclarecer lo ocurrido.
“No dependen de la Secretaría de la Defensa, es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, declaró.
Sin embargo, el marco jurídico vigente establece que la supervisión de este tipo de instituciones no recae únicamente en las autoridades estatales. La Ley General de Educación (LGE) dispone que toda institución privada que imparta educación debe contar con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) o por la autoridad educativa estatal correspondiente, dependiendo del nivel educativo. Además, la propia legislación obliga a las autoridades que expiden dichas autorizaciones a realizar acciones de vigilancia al menos una vez al año para verificar que los planteles cumplan con la normatividad.
La LGE también faculta a las autoridades educativas para imponer sanciones cuando detecten irregularidades, que van desde multas económicas hasta la revocación de la autorización de funcionamiento y la clausura del plantel. No obstante, la legislación no contempla disposiciones específicas sobre la formación de carácter militar dentro de escuelas privadas, lo que ha sido señalado como un vacío normativo que dificulta una supervisión más especializada de estas academias.
A este esquema se suma la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Corresponde a la Defensa autorizar los uniformes utilizados para evitar que sean idénticos a los de las Fuerzas Armadas y verificar que el personal encargado de impartir la instrucción militar cuente con la capacitación necesaria. Si bien la Sedena no administra estos planteles, sí interviene en aspectos relacionados con la regulación de su imagen y de la instrucción militar que ofrecen.
Este entramado legal ha llevado a cuestionar si el caso puede atribuirse únicamente al ámbito estatal. Aunque la investigación penal corresponde a la Fiscalía de Tamaulipas y la supervisión cotidiana puede recaer en autoridades locales, la existencia de obligaciones de vigilancia por parte de las autoridades educativas y la participación de instancias federales en la regulación de estas academias abre el debate sobre posibles responsabilidades compartidas en materia de supervisión y prevención.
Un aspecto que llamó la atención fue que la exigencia de justicia, por parte de la Presidenta, apareció únicamente al final de su intervención. Después de centrar sus declaraciones en precisar la competencia de las autoridades estatales, Sheinbaum concluyó con la frase: “Y se haga justicia, obviamente en este caso”.
Esta situación, más el énfasis inicial en deslindar responsabilidades federales, contrasta con la expectativa que el Gobierno de la República y la Cuarta Transformación pregona de que “llegaron todas”, que presuntamente implica la promesa de un gobierno con perspectiva de género que ponga al centro el desarrollo libre, seguro y pleno de las mujeres mediante políticas públicas, situación que quedó en duda nuevamente.
