Ciudad de México.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impusieron sanciones a decenas de servidores públicos de al menos 20 dependencias y organismos federales, tras acreditar responsabilidades administrativas graves y no graves que van desde corrupción en programas sociales y desvío de recursos, hasta acoso sexual, abuso de funciones, extorsión, falsificación de documentos y negligencia en el servicio público.
Las medidas incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años, destituciones, suspensiones laborales, multas e indemnizaciones económicas, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020, es decir, durante la primera etapa del gobierno de la Cuarta Transformación que encabezó Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que el discurso oficial sostenía que las viejas prácticas de corrupción habían quedado atrás.
Entre los casos más relevantes destaca la inhabilitación por 20 años impuesta a José L., profesor de la Escuela Secundaria “Emiliano Zapata” de la Ciudad de México, tras acreditarse el acoso sexual contra dos estudiantes ocurrido en 2020.
En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) fueron sancionados cuatro funcionarios de la Oficina de Representación en el Estado de México por autorizar 119 apoyos del Programa Producción para el Bienestar sin que existieran expedientes que acreditaran a los beneficiarios.
Las sanciones fueron:
- María H.: 15 años de inhabilitación y multa de 140 mil pesos.
- Leticia L.: 10 años de inhabilitación y multa de 58 mil pesos.
- Irving F.: un año de inhabilitación y multa de 26 mil pesos.
- Víctor M.: un año de inhabilitación y multa de 3 mil pesos.
En la Secretaría de Economía, una funcionaria fue inhabilitada por 15 años y deberá indemnizar con 1.5 millones de pesos tras autorizar licencias con goce de sueldo sin tener facultades legales.
Por su parte, una servidora pública de la Profeco fue destituida, inhabilitada durante 10 años y obligada a pagar 79 mil pesos por asignarse viáticos para ella y otros funcionarios sin destinarlos a actividades oficiales.
En la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), dos funcionarios de la Aduana de Ciudad Juárez fueron inhabilitados por intentar obtener un beneficio económico durante la revisión de mercancías.
Asimismo, tres trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibieron inhabilitaciones por incumplir el procedimiento de verificación de un medidor eléctrico.
También hubo sanciones por faltas no graves
La Secretaría Anticorrupción informó además que, mediante los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades, fueron sancionados servidores públicos de Pemex, CFE, Conalep, Guardia Nacional, IMSS, Conafor, Sader, Financiera para el Bienestar, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Banco del Bienestar, Banobras, ISSSTE, Secretaría de Economía y Sepomex.
Uno de los casos más delicados fue el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde un médico recibió un año de inhabilitación por realizar procedimientos ginecológicos sin la presencia de un asistente o familiar y efectuar tocamientos de carácter sexual a dos derechohabientes entre 2022 y 2023.
En el Conalep, un trabajador fue destituido e inhabilitado por tres meses por acoso sexual contra una estudiante, mientras que en la Guardia Nacional dos servidores públicos fueron separados de sus cargos tras comprobarse que presentaron certificados médicos sin validez para justificar inasistencias.
Las resoluciones pueden ser impugnadas
La Secretaría Anticorrupción precisó que todas las sanciones fueron determinadas conforme a los criterios de proporcionalidad y gravedad de las conductas acreditadas.
No obstante, recordó que las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones por la vía legal correspondiente. En caso de que ello ocurra, la dependencia aseguró que defenderá cada expediente con base en las pruebas obtenidas durante las investigaciones.
Finalmente, la dependencia reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar posibles actos de corrupción o conductas contrarias a la legalidad a través de los mecanismos oficiales, al tiempo que afirmó que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y rendición de cuentas dentro de la administración pública federal.
