CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (XPFM).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que las organizaciones criminales recientemente catalogadas como terroristas, así como las personas o grupos que las financien, respalden o colaboren con ellas, enfrentarán las consecuencias legales derivadas de esa designación.
A través de un mensaje difundido en la red social X, el diplomático reiteró que la administración estadounidense mantiene como prioridad el combate a los cárteles del narcotráfico y aseguró que la cooperación bilateral con México continúa enfocada en reducir el tráfico de drogas y armas.
Johnson sostuvo que la decisión de incluir al Cártel de Juárez y a Los Viagras en la lista de organizaciones terroristas extranjeras fortalece la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para desarticular las estructuras criminales y las redes que les brindan apoyo financiero, logístico o operativo.
La declaración del embajador se produjo después de que el Departamento de Estado formalizara la designación de ambos grupos, argumentando que han participado en actos de violencia que afectan tanto a ciudadanos estadounidenses como a integrantes de las fuerzas de seguridad mexicanas. Entre los antecedentes mencionados figura el asesinato de integrantes de la familia LeBarón ocurrido en Sonora en 2019.
El pronunciamiento se da luego de que hace algunos días, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, aseguró que existe una “conexión mortal” entre los cárteles y sectores del gobierno mexicano, afirmación que fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria respondió que la DEA debería concentrar sus esfuerzos en combatir a las organizaciones criminales que operan dentro del territorio estadounidense, desestimando las acusaciones sobre presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y grupos del narcotráfico.
Con la incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras a la lista de organizaciones terroristas, ya son nueve grupos criminales mexicanos que cuentan con esa clasificación por parte del gobierno de Estados Unidos, una medida que amplía las herramientas legales para perseguir no solo a sus integrantes, sino también a quienes les proporcionen recursos o cualquier tipo de apoyo.
