CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (XPFM).- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció públicamente que durante su administración solicitó a la Fiscalía General del Estado entregar vehículos asegurados o decomisados a distintos ayuntamientos para que fueran utilizados en labores oficiales, una práctica que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la legalidad del destino dado a bienes que forman parte de investigaciones ministeriales.
La controversia estalló luego de que un ciudadano localizara, mediante el sistema GPS, el automóvil que le había sido asegurado por una investigación relacionada con un presunto robo. El vehículo fue encontrado repintado y en posesión del comisionado municipal de Mazatlán Villa de Flores, quien mostró un documento de depositaría emitido por la Fiscalía para justificar su uso.
Tras hacerse público el caso, el propio mandatario confirmó que había solicitado ese mecanismo con el argumento de que diversos municipios carecían de recursos para adquirir patrullas o vehículos oficiales. Sin embargo, la explicación abrió un nuevo debate sobre los límites legales para disponer de bienes que permanecen bajo resguardo ministerial y que, en muchos casos, aún pueden ser reclamados por sus propietarios o formar parte de procesos judiciales.
La Fiscalía de Oaxaca informó posteriormente que, desde 2023, 60 vehículos habían sido entregados a autoridades municipales bajo este esquema. Hasta julio de 2026, 22 unidades continuaban en poder de gobiernos locales, pese a que su situación jurídica no había concluido.
Después del escándalo, Salomón Jara anunció la cancelación de esas asignaciones, la recuperación de los vehículos y la creación del denominado “Instituto Oaxaqueño para Devolver al Pueblo lo Robado”, con el objetivo —según afirmó— de transparentar el destino de bienes asegurados.
No obstante, el anuncio no disipó las dudas sobre el procedimiento utilizado durante los últimos años. Especialistas han señalado que los bienes asegurados dentro de una carpeta de investigación no pueden destinarse libremente a terceros mientras no exista una resolución judicial o el procedimiento legal correspondiente que determine su situación patrimonial.
El caso también reavivó cuestionamientos sobre la autonomía de la Fiscalía estatal, luego de que el propio gobernador admitiera haber solicitado la entrega de los vehículos a los municipios, pese a que el órgano investigador, en teoría, debe actuar con independencia del Poder Ejecutivo.
La polémica deja abiertas varias interrogantes: ¿bajo qué fundamento jurídico fueron asignadas estas unidades?, ¿qué garantías tuvieron los propietarios para recuperar sus bienes?, y ¿por qué vehículos vinculados a investigaciones terminaron siendo utilizados por funcionarios públicos antes de resolverse su situación legal?
Más allá del argumento de apoyar a municipios con limitaciones presupuestales, el episodio evidencia las deficiencias en el manejo de bienes asegurados por las autoridades y coloca nuevamente bajo escrutinio la actuación del gobierno de Oaxaca y de su Fiscalía en el resguardo del patrimonio de los ciudadanos.
