CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (XPFM).- El partido Somos México exigió la liberación inmediata del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tras su detención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), donde es investigado por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles, delito conocido como huachicol fiscal.
A través de un comunicado, la organización política encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo sostuvo que la captura del exmandatario constituye un acto “arbitrario e ilegal” y expresó su respaldo al también integrante de su Consejo Consultivo.
En su posicionamiento, Somos México aseguró que Ruffo Appel es un empresario y exfuncionario con una trayectoria pública reconocida, por lo que consideró injustificada la actuación de la FGR y demandó su liberación sin condiciones.
La fuerza política también cuestionó la estrategia del gobierno federal en el combate al huachicol fiscal, al afirmar que quienes realmente operan este esquema ilícito se encuentran dentro de las estructuras gubernamentales y no entre integrantes de la sociedad civil.
Respecto a las acusaciones, recordó que el propio Ruffo Appel ha sostenido públicamente que la empresa de la que forma parte opera con autorización de las autoridades federales competentes, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía.
Según el partido, la compañía únicamente realiza servicios de gestión y trámites aduanales para mercancías importadas por terceros, mientras que la clasificación y autorización de los productos corresponde a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
En ese sentido, argumentó que la responsabilidad de detectar o impedir el ingreso ilegal de combustibles recae en las autoridades aduaneras, por lo que rechazó que exista responsabilidad directa del exgobernador en las operaciones investigadas.
Finalmente, Somos México vinculó la detención con el contexto político nacional y sostuvo que podría tratarse de una medida para desviar la atención de otros casos que involucran a funcionarios y gobernadores señalados por presuntos nexos con la delincuencia organizada, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
