CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (XPFM).- La mañana de este lunes, la conferencia matutina en Palacio Nacional tuvo un momento que muchos calificaron como un ejercicio de “desmarque total”. La presidenta Claudia Sheinbaum no solo se alejó de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que exime al Ejército y señala al GIEI, sino que fue mucho más lejos: admitió, sin titubeos, que su gobierno navegaba en completa ignorancia sobre la existencia misma de ese proceso.
“No participamos de ninguna manera”, repitió Sheinbaum ante los medios, enfatizando cada palabra para que no quedara duda de que el voluminoso documento de más de 800 páginas —que ha sacudido el terreno de la verdad histórica— fue cocinado al margen de su administración. Pero la declaración que realmente encendió los focos fue su confesión de desconocimiento: la mandataria reveló que ni ella ni su equipo tenían idea de que la CNDH estaba elaborando este dictamen, y que apenas al conocerlo pidió a la Secretaría de Gobernación que lo revisara con lupa.
Fue un deslinde en dos niveles. Por un lado, político: las conclusiones de la CNDH no son las suyas. Por otro, informativo: ni siquiera sabía que se estaba cocinando. Una doble separación que la coloca en una posición compleja: si no sabía y no participó, ¿qué tanto le corresponde hacer suyo o rechazar el contenido del informe?
Sin embargo, la presidenta cuidó no cerrar la puerta del todo. Con una maniobra sutil, matizó su distanciamiento al señalar que el hecho de que su gobierno no haya tenido injerencia “no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa”. Es decir, aunque no participó y aunque no sabía, no descarta que haya puntos rescatables en el polémico documento que acusa al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de construir una “Anti-verdad histórica”.
El informe de la CNDH, que dirige señalamientos a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a gobiernos estatales y municipales, pero omite intencionalmente a la Sedena en sus primeras líneas, documenta violaciones graves contra 92 estudiantes, entre ellas tortura, uso excesivo de la fuerza y desaparición forzada de 40 normalistas. La exclusión del Ejército ha generado una tormenta política que Sheinbaum, con su deslinde, busca esquivar.
Pero la presidenta no quiso que su distanciamiento se leyera como indiferencia hacia las víctimas. En un tono más “solemne”, cerró su intervención colocando el foco donde suele hacerlo: en la solidaridad. “Lo más importante para nosotros es la solidaridad con las madres y los padres y esclarecer esto que es una herida no sólo para ellas, sino para México”, sentenció.
El mensaje quedó claro: su gobierno no firmó ni promovió esa recomendación, pero tampoco quiere ser visto como un obstáculo para la búsqueda de la verdad. El problema es que al admitir que ignoraba por completo el trabajo de la CNDH, Sheinbaum abre una interrogante incómoda: si ni siquiera el máximo órgano del Estado estaba al tanto de un informe de esta magnitud, ¿quién está realmente coordinando la política de derechos humanos en el país?
Por lo pronto, la pelota quedó en la cancha de la Secretaría de Gobernación, que deberá entregar su análisis en los próximos días. Mientras tanto, la presidenta se mantiene en su línea: ni participó, ni sabía, pero tampoco descarta coincidir en algo. Un equilibrio incierto entre la distancia y el compromiso, entre la ignorancia admitida y la solidaridad declarada.
