CIUDAD DE MÉXICO, julio 09 (XPFM).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó entrever su desconfianza hacia la reforma aprobada por el Congreso de Veracruz que reduce los plazos para solicitar la revocación de mandato, al anunciar que ordenará una revisión jurídica para determinar si la modificación limita la participación ciudadana, un movimiento que pone en entredicho el blindaje que los diputados locales buscaron construir en favor de la gobernadora Rocío Nahle García.
Durante su conferencia, la mandataria federal fue cuestionada sobre el cambio legislativo que acorta de dos meses a uno solo el plazo para reunir las firmas necesarias —alrededor de 750 mil apoyos— para activar la revocación de mandato contra la titular del Poder Ejecutivo veracruzano.
La respuesta de Sheinbaum fue cautelosa pero reveladora: instruyó a la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, a revisar a fondo la reforma.
“No conocía este cambio en la ley“, admitió la Presidenta, pero rápidamente añadió que, según la información preliminar, “sigue en la ley la posibilidad” de revocación. Sin embargo, su mensaje dejó claro que no le quita el ojo a lo que ocurre en Veracruz.
“Hay que revisar si es que se está limitando la participación de la ciudadanía o sencillamente se acota alguna circunstancia”, sentenció.
El mensaje político detrás de sus palabras es contundente: Sheinbaum no da por hecho que la reforma sea legítima y advierte que, de encontrar vicios que restrinjan derechos ciudadanos, su gobierno podría impugnarla o desconocerla, lo que desactivaría el blindaje que el Congreso local —con 39 votos a favor de una mayoría calificada— intentó colocar alrededor de Nahle.
Los números de la reforma hablan por sí solos:
- Plazo reducido: de 60 días a solo 30 días (del 1 al 30 de noviembre de 2027).
- Firmas exigidas: 10 por ciento de la lista nominal, equivalente a 750 mil apoyos.
- Cobertura municipal: al menos 107 de 212 ayuntamientos (mitad más uno), con un 3 por ciento mínimo en cada uno.
Mientras el dictamen —impulsado por el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM)— ya fue avalado por el Congreso y turnado a los ayuntamientos para su aprobación constitucional, la Presidenta deja la puerta abierta a una intervención federal si considera que la reforma viola el espíritu democrático o dificulta excesivamente el ejercicio ciudadano.
El mensaje es claro: Sheinbaum no confía plenamente en la reforma y, al pedir su revisión jurídica, cuestiona la legitimidad del procedimiento legislativo veracruzano. La presidenta pone en duda que los diputados hayan actuado con transparencia y advierte que, si la reforma blinda a Nahle de manera artificiosa, su gobierno no lo permitirá.
Hasta ahora, el Congreso de Veracruz tendrá 180 días para expedir la ley secundaria que regule el procedimiento, mientras que la Consejería Jurídica federal analiza si la modificación constituye un obstáculo a la participación ciudadana o una maniobra política para proteger a la gobernadora.
La presidenta dejó claro que no hay blindaje que aguante si se demuestra que la reforma fue diseñada para eludir el control ciudadano. “Revisaremos“, dijo, y esa sola palabra enciende las alarmas en el Palacio de Gobierno de Veracruz.
