CIUDAD DE MÉXICO, julio 08 (XPFM).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio este miércoles una muestra más de cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum entiende la transparencia: como un acto de marketing político, no como una obligación democrática.
Empujada por la presión ciudadana, la indignación en redes y el escrutinio de organizaciones defensoras del derecho a saber, la Cancillería se vio obligada a rectificar su decisión inicial de reservar por cinco años toda la información sobre las peticiones de extradición que Estados Unidos presentó contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el empresario Enrique Inzunza Cázarez.
Pero la rectificación es, en los hechos, una burla. La SRE aseguró ahora que hará pública la documentación relacionada con las solicitudes de detención provisional —es decir, los oficios formales de Washington—, pero mantendrá bajo llave, por tiempo indefinido, las notas diplomáticas relativas a los expedientes judiciales. Es decir, lo que transparentará son los papeles que cualquier medio podría obtener por otras vías; lo que ocultará son los intercambios reales entre ambos gobiernos, las negociaciones, las valoraciones jurídicas y, probablemente, las instrucciones políticas que se dieron alrededor del caso.
“Con excepción de las notas diplomáticas”, dice el comunicado. Y ahí está la trampa: en esas notas está la verdadera historia. Ahí está lo que la Cancillería no quiere que se sepa: si hubo dilación, si hubo protección, si hubo tráfico de influencias, si el gobierno federal intercedió para frenar o ralentizar el proceso. Todo eso quedará en el cajón, con el sello de “reservado”.
Instrucción de Sheinbaum o maniobra de protección
El anuncio presume que fue por “instrucciones de la presidenta” que la SRE da marcha atrás. Pero si realmente Sheinbaum estuviera comprometida con la transparencia, no habría permitido que su Cancillería intentara, primero, enterrar el expediente por cinco años. La instrucción, más que un gesto de apertura, parece una maniobra para controlar los tiempos y los contenidos de la información que finalmente se conocerá.
¿Por qué reservar las notas diplomáticas si no hay nada que ocultar? La respuesta es obvia: porque hay mucho que ocultar. Porque el gobierno no puede permitir que se sepa cómo manejó este caso políticamente explosivo, que involucra a uno de los gobernadores más cercanos al obradorismo y a un empresario con vínculos incómodos con el poder.
El tuit de la SRE cierra con la frase: “Nuestro compromiso es con la transparencia”. Una declaración que ofende la inteligencia de los ciudadanos. El gobierno que quiso reservar todo por cinco años, que clasificó el caso como asunto de “seguridad nacional”, y que ahora solo cede a medias por la presión social, no tiene autoridad moral para hablar de transparencia.
Rocha Moya e Inzunza no son cualquier caso. Son el síntoma de un sistema que sigue protegiendo a los suyos mientras simula rectificar. La SRE, en lugar de dar toda la información y someterse al escrutinio público, opta por la estrategia de “transparencia mediatizada”: lo que se ve no es lo que realmente importa. El mensaje del gobierno es claro: se transparenta lo que no duele y se reserva lo que daña.
