La Fiscalía General del Estado de Campeche localizó el 6 de julio los cuerpos de Edith Ortega Bilbao y Francisco Rocha Suárez en un inmueble de Escárcega. La pareja, privada de su libertad desde el 29 de junio, permaneció en cautiverio mientras las autoridades estatales ignoraban las peticiones de auxilio de sus familiares.
Cronología de una desaparición forzada
Los hechos se originaron el 29 de junio cuando las víctimas fueron interceptadas con armas de fuego mientras se trasladaban a su rancho en la colonia rural La Chiquita.
La denuncia pública de los hechos fue encabezada por sus hijas el 1 de julio, quienes utilizaron redes sociales para solicitar la intervención urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Layda Sansores San Román. Pese a la gravedad del caso, la administración estatal optó por el hermetismo, excluyendo el tema de la agenda pública del programa gubernamental “Martes del Jaguar”.
Despliegue pericial y hallazgo en Escárcega
La ubicación de las víctimas ocurrió durante un cateo coordinado entre fuerzas federales y estatales tras días de incertidumbre.
El operativo, ejecutado el 6 de julio, contó con la participación de diversas corporaciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia en la región:
- FGECAM: Encargada de la diligencia principal y el resguardo de los indicios.
- Sedena y Semar: Acompañamiento en el despliegue operativo en el municipio.
- Guardia Nacional y SPSC: Soporte en el cerco perimetral y seguridad de la zona.
- Unidad K9 (FGET): Apoyo técnico especializado de la fiscalía de Tabasco para la localización de los cuerpos.
- Comisión Local de Búsqueda: Participación institucional en las labores de rastreo.
Indignación ciudadana ante el silencio de Layda Sansores
La gestión de la crisis de seguridad ha sido cuestionada severamente por la ciudadanía, especialmente ante la frivolidad mostrada por la gobernadora de Campeche frente a la tragedia.
El malestar social alcanzó un punto crítico el 4 de julio, cuando una ciudadana confrontó directamente a Sansores durante un evento deportivo. El reclamo central enfatizó la falta de garantías para las actividades agropecuarias en el estado:
- Exigencia de seguridad: La población demanda condiciones para trabajar en sus parcelas sin riesgo de ser interceptados por el crimen organizado.
- Desdén oficial: La gobernadora optó por sortear boletos para un partido de fútbol en lugar de atender la crisis de violencia que asolaba a la familia Rocha Ortega.
- Sentencia social: Los testimonios captados en video evidencian el hartazgo por la gestión de la seguridad, cuestionando abiertamente si la administración estatal realiza efectivamente sus funciones operativas.
Opacidad en la investigación estatal
La fiscalía de Campeche mantiene bajo reserva los detalles técnicos de la ejecución del crimen y el estado de las indagatorias.
Hasta el momento, la institución se ha negado a proporcionar información sobre las causas de muerte o los posibles móviles del plagio, escudándose en el sigilo del proceso judicial. Por su parte, Juan Carlos H. Rath, presidente municipal de Escárcega, se limitó a emitir condolencias institucionales sin abordar la problemática estructural de inseguridad que permitió este evento. La familia de las víctimas continúa a la espera de justicia tras una despedida pública en redes sociales marcada por el lema: “Por todos ellos que se fueron sin querer irse”.
