Culpar a las personas infectadas con enfermedades como VIH o Hepatitis no reduce nuevas infecciones y compromete las estrategias de prevención.
CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (XPFM). -La Secretaría de Salud (SSa) a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis (CENSIDA), reconoció a la derogación del delito “Del peligro de contagio” como un avance congruente con un enfoque de salud pública.
Esto se sustenta en evidencia científica, derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en cuestiones de salud pública.
La experiencia nacional e internacional demuestra que penalizar una condición de salud no reduce las nuevas infecciones ni fortalece las estrategias de prevención.
Por el contrario, el temor a consecuencias legales, sumado al estigma y la discriminación, puede desalentar la realización voluntaria de pruebas, el acceso a herramientas de prevención y tratamiento, así como la vinculación oportuna a los servicios de salud, en perjuicio tanto de las personas como de la salud pública.
Diversos organismos nacionales, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalaron que la criminalización asociada a determinadas condiciones de salud puede generar efectos adversos en las estrategias de prevención y control epidemiológico.
El reforzar el estigma y la discriminación, desalienta la realización voluntaria de pruebas diagnósticas y limita el acceso oportuno a los servicios de atención y tratamiento.
La política nacional de respuesta al VIH se sustenta en el acceso universal a la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de todas las personas.
La evidencia científica es concluyente: una persona que vive con VIH, recibe tratamiento antirretroviral y mantiene de forma sostenida una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual, principio reconocido internacionalmente como “Indetectable = Intransmisible (I=I)”.
Los marcos normativos deben evolucionar conforme al conocimiento científico y no al estigma.
La derogación del delito representa una oportunidad para fortalecer un modelo de salud pública que promueva la corresponsabilidad, la educación integral en salud sexual y el acceso a herramientas de prevención como el uso del condón, la profilaxis preexposición (PrEP), la profilaxis postexposición (PEP), las pruebas de detección y el tratamiento oportuno.
