CIUDAD DE MÉXICO, julio 01 (XPFM).- La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el segmento de la población donde enfrenta mayores dificultades de aprobación es el de los jóvenes. Aunque aseguró que mantiene un respaldo superior al 55 por ciento entre las personas de 18 a 29 años, el reconocimiento llega en un contexto en el que diversas mediciones muestran un desgaste significativo.
La más reciente encuesta de Enkoll reporta una desaprobación del 44 por ciento entre jóvenes de 18 a 24 años, una cifra que contrasta con los altos niveles de apoyo que conserva entre los adultos mayores, considerados la base electoral más sólida de Morena.
Lejos de atribuir esa diferencia a decisiones de gobierno, resultados de su administración o nuevas demandas generacionales, la mandataria ofreció otra explicación y se lanzó contra ese sector.
Señaló que los jóvenes “no vivieron todo el proceso” que dio origen a la Cuarta Transformación y según ella muchos no conocen el llamado periodo neoliberal, desconocen el conflicto poselectoral de 2006 y, por tanto, carecen del contexto necesario para valorar el proyecto político que hoy gobierna al país.
La explicación presidencial abre un debate de fondo. Si una generación que nació o creció durante los gobiernos que Morena calificó durante años como responsables de la desigualdad y la corrupción hoy manifiesta mayores niveles de desaprobación hacia el partido en el poder, la pregunta es si el problema radica únicamente en el desconocimiento del pasado o también en la evaluación del presente.
El acceso al empleo, la inseguridad, el costo de la vivienda, la educación, las oportunidades económicas y la incertidumbre laboral forman parte de las preocupaciones cotidianas de millones de jóvenes, factores que también inciden en la percepción sobre cualquier gobierno.
Para reforzar su argumento, Sheinbaum responsabilizó en parte a las redes sociales por el cambio en la forma de consumir información. Señaló que actualmente, si un mensaje “no se comunica en 30 segundos, ya no se ve”, y sostuvo que la dinámica digital favorece contenidos breves que dificultan comprender procesos históricos complejos. Ante ello, propuso fortalecer la enseñanza de la historia, fomentar la lectura y mejorar la comprensión lectora para evitar —dijo— que las nuevas generaciones lleguen a pensar que “lo de antes fue mejor”.
El debate adquiere una dimensión mucho mayor pues un día antes la presidenta anunció que, después del Mundial de Futbol, su gobierno abrirá una discusión nacional sobre la regulación de las redes sociales y de la inteligencia artificial.
Planteó analizar quién controla las plataformas digitales, cuántas empresas concentran ese poder, qué regulaciones existen en otros países y cuál debe ser el marco legal para el desarrollo de la inteligencia artificial. Aseguró que cualquier iniciativa deberá construirse “sin caer en censura”.
No obstante, el contexto político convierte el anuncio en un tema particularmente sensible. Las redes sociales representan hoy el principal espacio de información para millones de jóvenes y, al mismo tiempo, el escenario donde el gobierno enfrenta los niveles más altos de crítica, sátira y cuestionamiento ciudadano. Es precisamente en esas plataformas donde la encuesta de Enkoll refleja un 44 por ciento de desaprobación entre la población joven, por lo que cualquier intento de regulación inevitablemente será observado bajo la sospecha de que podría responder, al menos en parte, al deterioro de la imagen gubernamental en ese sector.
Esta postura evidencia una contradicción política profunda. Morena construyó buena parte de su crecimiento utilizando las redes sociales como un instrumento para desafiar a los medios tradicionales, denunciar supuestos cercos informativos y movilizar simpatizantes. Hoy, desde el poder, el discurso comienza a desplazarse hacia la necesidad de regular esos mismos espacios bajo el argumento de combatir la desinformación y ordenar el ecosistema digital. La diferencia es que ahora esas plataformas ya no sólo difunden el mensaje oficial: también amplifican las críticas, los cuestionamientos y el descontento de una generación que no necesariamente comparte la narrativa del movimiento gobernante.
La regulación de las plataformas digitales y de la inteligencia artificial constituye un debate legítimo que ya se desarrolla en distintas democracias. Sin embargo, cualquier propuesta deberá demostrar con hechos que busca proteger derechos y no restringirlos. En un país donde las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios de deliberación pública y fiscalización ciudadana, una legislación mal diseñada podría terminar afectando la libertad de expresión, inhibiendo la crítica política o generando mecanismos de control incompatibles con una democracia abierta. La discusión, por tanto, no sólo será tecnológica: será una prueba sobre la capacidad del Estado para equilibrar innovación, derechos fundamentales y pluralidad democrática.
