CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (XPFM).- Quien en dos ocasiones (2005-2008 y 2018-2021) ostentó la presidencia municipal de Igualapa bajo las filas del Partido Verde Ecologista de México, Apolonio Álvarez Montes, fue acribillado la mañana del sábado cuando transitaba por la comunidad de San Juan de los Llanos. El ataque, perpetrado por sujetos armados que interceptaron su camioneta, dejó el vehículo con decenas de perforaciones de bala, tal como lo evidencian las imágenes que circulan en plataformas digitales.
Mientras los servicios periciales realizaban el levantamiento de indicios en el escenario del crimen, la Fiscalía General del Estado de Guerrero se mantuvo sin pronunciamientos oficiales durante el resto del día, limitándose a iniciar la carpeta de investigación correspondiente sin reportar detenciones hasta el cierre de esta edición.

La Iglesia de San Juan de los Llanos, que a través de sus redes sociales confirmó la tragedia, envió condolencias a los familiares y resaltó el respaldo que el exedil brindó a los proyectos de aquella localidad.
Este homicidio no es un hecho aislado, sino que se inserta en una escalada de violencia que mantiene en vilo a la región Costa Chica.
En lo que va del mes, ya se habían registrado otros ataques de alto impacto: el 7 de junio cayó Agustín Morán, líder ganadero de Cuajinicuilapa, junto a su esposa Rocío Castro, mientras circulaban por la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional; tres días después, el aspirante morenista a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Ermelo Rivera Campo, fue privado de la vida junto a un acompañante.

Las cifras nacionales agravan el panorama. De acuerdo con diversos recuentos periodísticos, el asesinato de Álvarez Montes eleva a once el número de alcaldes —entre activos y exalcaldes— ultimados desde octubre de 2024. Solo en el año 2025 se documentaron siete casos, mientras que en los primeros seis meses de 2026 ya se contabilizan dos ejecuciones de este tipo.
Mientras los ministeriales recolectan evidencias y buscan pistas sobre el móvil y los autores materiales del atentado, la incertidumbre y el riesgo que enfrentan las autoridades municipales en distintas regiones del país vuelven a quedar en evidencia con este nuevo episodio de sangre en Guerrero.


