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4 policías y dos civiles detenidos por secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Artículo 19, colectivos de periodistas y organismos defensores de derechos humanos señalaron que las detenciones representan un avance importante, pero advirtieron que el principal objetivo sigue siendo localizar con vida a la periodista y esclarecer por completo el móvil del secuestro.

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XALAPA, junio 27 (XPFM).- Las investigaciones por la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán, directora del medio Pulso Informativo del Sureste, registraron su primer avance significativo con la detención de cuatro policías municipales y dos civiles, presuntamente implicados en el secuestro de la comunicadora ocurrido a principios de junio en el sur de Veracruz.

La Fiscalía General del Estado informó que los arrestos fueron resultado de un operativo conjunto con la Secretaría de Marina y otras corporaciones de seguridad, aunque la periodista continúa desaparecida.

Roxana Guzmán fue privada de la libertad el 4 de junio en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, cuando un grupo de hombres armados la interceptó a plena luz del día. La agresión quedó registrada por el video grabado por sus familiares el cual comenzó a circular ampliamente en redes sociales. Desde entonces, familiares y colegas denunciaron lentitud en las investigaciones y exigieron que el caso fuera tratado como un ataque contra la libertad de expresión.

De acuerdo con la Fiscalía veracruzana, entre los detenidos se encuentran cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, además de dos presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la región. Uno de ellos, identificado como José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, es señalado como supuesto líder de una célula criminal con presencia en el sur del estado. Todos fueron puestos a disposición de un juez para determinar su situación jurídica mientras continúan las investigaciones ministeriales.

“La 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 informa que, como resultado de 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗣𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼, 𝗳𝘂𝗲 𝗲𝗷𝗲𝗰𝘂𝘁𝗮𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗜𝘅𝗵𝘂𝗮𝘁𝗹𝗮́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝘂𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲 que permitió la detención de𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻 “𝗡”, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗲́𝗹𝘂𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼́𝗻 𝘀𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗶𝗱𝗮𝗱, a quien presuntamente podría atribuirse la privación de la libertad de la periodista R.B.G.R. El detenido es 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝘀𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗵𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝗻𝗰𝗵𝗶𝘁𝗮𝗹. En otra acción, también fue 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 𝗞𝗮𝗿𝗲𝗻 “𝗡” y, en un tercer operativo, 𝗳𝘂𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗰𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮𝘀 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗱𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗮𝗹 𝗔𝘆𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗜𝘅𝗵𝘂𝗮𝘁𝗹𝗮́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝘂𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲”, señaló en un comunicado.

El caso vuelve a colocar a Veracruz entre las entidades con mayores riesgos para el ejercicio periodístico en México. Durante los últimos años, organizaciones nacionales e internacionales han documentado amenazas, agresiones, desapariciones y homicidios contra comunicadores en la entidad. Diversos informes sostienen que la combinación de presencia del crimen organizado, corrupción local e impunidad ha convertido al estado en uno de los entornos más peligrosos para la prensa, situación que ha motivado reiterados llamados para fortalecer los mecanismos de protección a periodistas.

Organizaciones como Artículo 19, colectivos de periodistas y organismos defensores de derechos humanos señalaron que las detenciones representan un avance importante, pero advirtieron que el principal objetivo sigue siendo localizar con vida a la periodista y esclarecer por completo el móvil del secuestro. También demandaron investigar posibles vínculos entre servidores públicos y grupos criminales, debido a la participación de policías municipales en los hechos, lo que podría revelar una red de colusión institucional.

Las detenciones también tienen implicaciones políticas para las autoridades estatales, que enfrentan presión para demostrar resultados en materia de seguridad y protección a periodistas. El caso ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la capacidad de las corporaciones municipales para enfrentar al crimen organizado y evitar la infiltración de sus cuerpos policiales. Analistas consideran que, de acreditarse la participación de agentes en el secuestro, el expediente podría derivar en nuevas investigaciones administrativas y penales contra mandos policiales.

Por ahora, la prioridad de las autoridades continúa siendo la localización de Roxana Guzmán. La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación y no descarta nuevas órdenes de aprehensión conforme avance la integración de pruebas. Mientras tanto, organismos nacionales e internacionales mantienen el seguimiento del caso y han reiterado que el esclarecimiento de la desaparición será un indicador clave del compromiso institucional con la libertad de prensa y el combate a la impunidad en México.

Opinión