Familiares y periodistas de Baja California exponen dos décadas de impunidad por el asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco, ultimado frente a sus hijos en 2004. Un espectacular en Tijuana denuncia la inacción de la FGR y FGE, exigiendo justicia.
Colapso estatal: la denuncia pública de impunidad en Tijuana
La comunidad periodística y los familiares de Francisco Javier Ortiz Franco han vuelto a alzar la voz en Tijuana, utilizando un espectacular como emblema contra la impunidad. El martes 23 de junio se conmemoró, con un pronunciamiento contundente, la persistencia de un crimen que cumple 22 años sin responsables ante la justicia.
La iniciativa, impulsada por el colectivo YoSíSoyPeriodista, busca mantener viva la memoria de Ortiz Franco y señalar directamente la incompetencia de las autoridades encargadas de procurar justicia. El cartel fue instalado sobre el bulevar Cuauhtémoc Norte, en la colonia Libertad, sirviendo como un recordatorio gráfico y constante de la inoperancia judicial.
El mensaje inscrito en el espectacular no deja lugar a dudas sobre la exigencia de justicia:
- “Francisco Javier Ortiz Franco. Periodista Asesinado. 22 años de impunidad.”
- “FGR/FGE Incompetentes.”
- “#NiPerdónNiOlvido #Justicia #FranciscoNoSeOlvida”
Este pronunciamiento crítico fue específicamente dirigido a figuras clave del sistema de justicia y derechos humanos en México y Baja California, subrayando la responsabilidad institucional. Entre los señalados se encuentran:
- Ernestina Godoy Campos: Titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
- María Elena Andrade Ramírez: Titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).
- Rosario Piedra Ibarra: Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
- Jorge Álvaro Ochoa Orduño: Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
El asesinato de Ortiz Franco: un crimen impune ante la mirada de sus hijos
El 22 de junio de 2004, la vida de Francisco Javier Ortiz Franco fue arrebatada de forma violenta y directa frente a sus dos hijos menores de edad, de 8 y 10 años. Este acontecimiento trágico marcó el inicio de dos décadas de búsqueda de justicia para el periodista.
Un sicario con el rostro cubierto perpetró el ataque, disparando en cuatro ocasiones contra Ortiz Franco mientras este terminaba de ajustarse el cinturón de seguridad de su vehículo. Las heridas infligidas al periodista se localizaron en la cabeza, el tórax y el hombro izquierdo, provocando su muerte instantánea. El agresor descendió de una camioneta Jeep Cherokee de color negro, confirmando la naturaleza planeada y directa de la ejecución. Los hijos de Ortiz Franco fueron testigos presenciales del brutal ataque, habiendo sido instalados por su padre en los asientos traseros del auto momentos antes.
Francisco Javier Ortiz Franco no solo ejercía el periodismo; también era editor del Semanario Zeta y reconocido por sus trabajos de investigación especializada, respaldados por sus conocimientos en Derecho. Su perfil lo convertía en una figura relevante y potencialmente peligrosa para las estructuras criminales que operan en la región.
El crimen se registró a escasas dos cuadras de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Zona Río de Tijuana. Esta cercanía física a las instituciones de procuración de justicia contrasta con la inacción subsecuente, que ha permitido la prolongación de la impunidad.
Abandono institucional: el expediente del periodista en la desidia
Las instituciones del Estado mexicano y de Baja California han sido omisas en el caso de Francisco Javier Ortiz Franco desde el día del crimen. La falta de acción ha perpetuado la impunidad durante 22 años.
No existen detenidos ni se han formulado cargos penales contra los autores materiales e intelectuales del asesinato. Esta situación persiste a pesar de las reiteradas promesas institucionales de resolver el caso y evitar que quedara en el olvido. Conforme a los registros internos del Semanario Zeta, el expediente penal se encuentra en un “total estado de abandono”. La investigación no ha visto diligencias ministeriales recientes que fortalezcan el caso, evidenciando una inercia preocupante por parte de las autoridades competentes.
El caso, que inicialmente fue atraído por la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas (hoy Feadle), también sufrió el abandono por parte de esta entidad, dejando el crimen sin resolver y reforzando el patrón de ineficacia estatal. Este patrón sugiere un quiebre en la capacidad del Estado para proteger a los periodistas y garantizar la justicia.
El reportaje del Cártel Arellano Félix: la posible causa del magnicidio
La publicación de un reportaje explosivo sobre el Cártel de los Arellano Félix (CAF) en abril y mayo de 2004, semanas antes de su asesinato, se perfila como el detonante del magnicidio de Francisco Javier Ortiz Franco. El trabajo periodístico desveló una intrincada red de corrupción que involucraba a la organización criminal.
Ortiz Franco expuso las fotografías y las identidades de 71 miembros del Cártel de los Arellano Félix. La investigación reveló que estos individuos se retrataron compartiendo el mismo saco y corbata. El objetivo era tramitar credenciales falsas que los acreditaban como agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy FGE. Esta operación fraudulenta, que garantizaba impunidad y acceso institucional a los criminales, tuvo un costo de 70 mil dólares. La difusión de esta información crítica por parte del periodista representa un móvil directo y potente para el atentado contra su vida, dada la magnitud de la estructura criminal expuesta.
