A diez años de la masacre de Nochixtlán, Oaxaca, la justicia mexicana se estanca con un solo detenido. Víctimas llevan el caso a organismos internacionales como la CIDH y la ONU, buscando condena al Estado Mexicano por ocho muertos y 198 heridos.
Cronología de una represión y sus consecuencias devastadoras
El 19 de junio de 2016, fuerzas del Estado desalojaron violentamente a maestros de la Sección 22 del SNTE y vecinos de Nochixtlán, Oaxaca, que protestaban contra la reforma educativa.
Este operativo culminó con un saldo de ocho fallecidos y 198 personas heridas. Los hechos ocurrieron bajo las administraciones de Enrique Peña Nieto como presidente y Gabino Cué Monteagudo como gobernador. La gravedad de los sucesos originó una investigación inmediata y el posterior reclamo de justicia.
Impunidad interna: un detenido y acusaciones directas
Diez años después de los eventos en Nochixtlán, la justicia mexicana mantiene a una sola persona privada de libertad, pese a que cuatro funcionarios de alto nivel fueron señalados como autores intelectuales.
La Fiscalía General de la República (FGR) recibió el 18 de agosto de 2017 la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0000820/2016. Esta denuncia individualizada apunta directamente a Enrique Peña Nieto, Gabino Cué Monteagudo, Miguel Ángel Osorio Chong (exsecretario de Gobernación) y Enrique Francisco Galindo Cevallos (excomisionado general de la Policía Federal) por su presunta autoría intelectual. La CNDH, a través de la Recomendación 7VG/2017, documentó violaciones graves, estableciendo que el operativo fue deficiente en su diseño, preparación y ejecución, y acreditando un uso excesivo de la fuerza letal por parte de las corporaciones policiales.
El quiebre de la confianza y la escalada internacional
Ante la percepción de una justicia lenta y parcializada en México, las víctimas y sus representantes han activado múltiples vías en el ámbito internacional.
Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, ha liderado el acompañamiento a las víctimas directas e indirectas, articulando denuncias en diversos foros supranacionales. Este camino evidencia una estrategia para lograr la condena del Estado Mexicano fuera de sus fronteras.
Intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El 15 de junio de 2017, la organización de Santiago Reyes presentó una denuncia ante la CIDH en Washington por la ejecución extrajudicial de siete personas.
La CIDH trasladó formalmente esta denuncia al Estado Mexicano el 15 de febrero de 2022, otorgando un plazo de tres meses para su contestación, el cual transcurrió sin prórroga solicitada. El proceso contempla que, tras un informe respectivo, se concederán cuatro meses a las partes para observaciones finales antes de la emisión de un informe de fondo, momento en que el caso podría ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Queja por tortura ante el Comité de la ONU
El 11 de enero de 2023, se interpuso una queja ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la tortura sufrida por 10 indígenas mixtecos.
La comunicación, registrada con el número 1191/2023, fue admitida a trámite el 13 de octubre de 2023. El Estado Mexicano respondió a la solicitud del Comité el 11 de diciembre de 2023. Se aguarda un dictamen que condene al Estado Mexicano por estos actos de tortura, una vez que el delito ha sido acreditado y justificado.
Denuncia en la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales
El 31 de mayo de 2024, se presentó una comunicación a la Relatoría Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU.
Esta denuncia se centra en las ejecuciones extrajudiciales y sumarias de Omar González Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Silvano Sosa Chávez y Jesús Cadena Sánchez. Actualmente, se espera que el relator mencione el caso en la comunicación dirigida al Estado Mexicano.
Panorama judicial actual y la demanda inquebrantable de justicia
La situación judicial en México, diez años después de Nochixtlán, se caracteriza por la persistencia de impunidad y una evidente disparidad en la aplicación de la ley.
Maurilio Santiago Reyes ha subrayado que la justicia en el país opera bajo consigna y favoritismo. El juez de control federal Álvaro Niño Cruz, a cargo de la carpeta judicial OAX/000501/2021, dictó medidas cautelares menores para José Luis Rincón Alvarado y Froilán Carlos Cruz, y arraigo domiciliario para Luis Enrique Cobián López y Jorge Isaac Trujillo Morales. Esto resulta en la permanencia de una sola persona privada de su libertad. La exigencia de justicia y el derecho a la verdad continúan, con litigios activos a nivel internacional, anticipando que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sentenciar al Estado Mexicano por la violación de derechos fundamentales como la vida y la integridad física.
