CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (XPFM).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) optó por deslindarse públicamente del caso del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Cuestionado sobre las acusaciones que pesan sobre quien fuera uno de los mandos militares de mayor relevancia en años recientes, el titular de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo, evitó emitir cualquier valoración sobre el asunto y sostuvo que la institución no tiene participación en las investigaciones.
“La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto. Es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República y otras autoridades en Estados Unidos”, declaró el secretario.
La respuesta refleja una postura de distanciamiento frente a un caso que involucra a un exintegrante de alto rango de las Fuerzas Armadas, institución que durante los últimos años ha ampliado significativamente su presencia e influencia en tareas de seguridad pública y administración gubernamental.
Trevilla enfatizó que Mérida Sánchez dejó de pertenecer a la Sedena desde 2022, cuando pasó a situación de retiro, por lo que actualmente no mantiene ninguna relación laboral con la dependencia.
“El general Mérida Sánchez pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional”, afirmó.
Según explicó, el único vínculo existente entre el militar retirado y la institución corresponde a aspectos administrativos derivados de sus prestaciones como integrante retirado de las Fuerzas Armadas.
“La única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISFAM, por temas relacionados con el pago de haberes y de servicio médico para él y para su familia”, agregó.
Las declaraciones ocurren en un contexto particularmente delicado, ya que los señalamientos provenientes de Estados Unidos involucran presuntos nexos con organizaciones criminales. Sin embargo, lejos de anunciar una revisión interna o fijar una postura institucional sobre la gravedad de las acusaciones, la Sedena decidió limitarse a remarcar que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República y de autoridades estadounidenses.
La ausencia de comentarios por parte de la institución castrense también reabre el debate sobre los mecanismos de rendición de cuentas dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente cuando las investigaciones alcanzan a exmandos que ocuparon posiciones estratégicas en materia de seguridad.
