COUDAD DE MÉXICO, junio 12 (XPFM).- La protección anunciada por las autoridades para la diputada local del PRI, Paola Gárate, dista de ser un esquema permanente. Por el contrario, la propia legisladora reveló que la Guardia Nacional le informó que únicamente contará con acompañamiento durante actos oficiales, una limitación que, lejos de disipar el riesgo, mantiene vulnerable a quien fue objeto de una amenaza directa en su propio domicilio.
La aclaración fue hecha por el titular de la Guardia Nacional en Sinaloa, Julián Tadeo González, durante una llamada telefónica con la legisladora. Tras la conversación, Gárate comunicó a la dirigencia estatal y nacional del PRI que la protección sólo se activará cuando participe en actividades institucionales, situación que la deja sin resguardo en el ámbito privado, precisamente donde ocurrió el acto de intimidación.
La diputada manifestó su preocupación por la posibilidad de sufrir un atentado contra su vida, luego de conocer que la seguridad no será permanente. La restricción resulta especialmente delicada considerando que la amenaza no se produjo durante un evento público, sino en la entrada de su vivienda.
La revelación también pone en entredicho las declaraciones realizadas horas antes por la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien aseguró que Gárate ya contaba con protección federal y estatal. Incluso afirmó que elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal brindaban apoyo y realizaban rondines en su domicilio.
Sin embargo, la información comunicada directamente a la diputada dibuja un escenario distinto: el esquema de seguridad estaría condicionado, dejándola sin una protección continua.
El caso comenzó el pasado miércoles, cuando desconocidos colocaron una corona fúnebre en la entrada de su casa en Culiacán con la leyenda “Familia Gárate”, un mensaje interpretado como una advertencia dirigida no sólo a la legisladora, sino también a su entorno familiar.
Las condiciones reales del resguardo incrementa las dudas sobre la efectividad de las medidas implementadas, pues si la protección sólo opera en actos oficiales, el periodo de mayor vulnerabilidad —la vida cotidiana y el domicilio particular de la legisladora, donde ya ocurrió la intimidación— permanece prácticamente fuera del esquema de seguridad, reduciendo el alcance de la medida.
