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EUA investiga finanzas de siete gobernadores mexicanos: Código Magenta

Sumarían nueve mandatarios estatales que estarían bajo la lupa financiera de la administración de Donald Trump:7 de Morena y dos del PRI.

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (XPFM).- Mientras el gobierno federal insiste en defender la soberanía nacional frente a las acciones de Estados Unidos, un nuevo reporte periodístico apunta a que la presión de Washington ya no se limitaría a investigaciones judiciales o solicitudes de extradición, sino que estaría alcanzando directamente al sistema financiero y a integrantes de la clase política mexicana.

De acuerdo con información publicada por Código Magenta, autoridades financieras estadounidenses habrían ordenado a las filiales mexicanas de bancos con capital extranjero revisar las cuentas personales y las del entorno familiar de varios gobernadores del país, una medida que, según fuentes consultadas por el medio, podría derivar incluso en el congelamiento de recursos.

Aunque la versión no ha sido confirmada por autoridades de México ni de Estados Unidos, el reporte identifica a Layda Sansores (Campeche), Esteban Villegas (Durango), Margarita González Saravia (Morelos), Rocío Nahle (Veracruz), Manolo Jiménez (Coahuila), Salomón Jara (Oaxaca) y Clara Brugada (Ciudad de México) como los mandatarios que estarían sujetos a este nuevo nivel de escrutinio financiero. A ellos se sumarían los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, quienes ya habrían sido objeto de revisiones similares.

Gobernador(a)EstadoPartido o alianza
Layda SansoresCampecheMorena, en coalición Juntos Hacemos Historia (Morena-PT).
Esteban Villegas VillarrealDurangoPRI, postulado por la alianza Va por Durango (PRI-PAN-PRD).
Margarita González SaraviaMorelosMorena, respaldada por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM).
Rocío Nahle GarcíaVeracruzMorena, mediante la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM-Fuerza por México Veracruz).
Manolo Jiménez SalinasCoahuilaPRI, postulado por la alianza PRI-PAN-PRD (Alianza Ciudadana por la Seguridad).
Salomón Jara CruzOaxacaMorena, en la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca (Morena-PT-PVEM-PUP).
Clara Brugada MolinaCiudad de MéxicoMorena, mediante la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM).
Rubén Rocha MoyaSinaloaMorena, en coalición con Partido Sinaloense (PAS) para la elección de 2021.
Américo Villarreal AnayaTamaulipasMorena, postulado por la coalición Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas (Morena-PT-PVEM).

La publicación sostiene que esta estrategia forma parte de una política impulsada por la administración del presidente Donald Trump, orientada a identificar y perseguir posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales. En ese contexto, recuerda la acusación presentada por un Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y varios exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y protección al Cártel de Sinaloa.

La respuesta del gobierno mexicano

El reporte señala que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de resistencia frente a las solicitudes de captura con fines de extradición provenientes de Estados Unidos, al sostener que corresponde a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial analizar las pruebas antes de ejecutar cualquier procedimiento.

Sin embargo, esta posición ha sido interpretada por algunos sectores como una señal de distanciamiento respecto a las exigencias estadounidenses en materia de combate al crimen organizado.

Código Magenta incluso recuerda una declaración realizada por la presidenta el 31 de mayo, cuando afirmó:

“Vienen por unos y luego por otros hasta que Estados Unidos sea el principal elector”.

La frase fue pronunciada apenas tres días después de una reunión en Palacio Nacional con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Personas citadas por el medio aseguran que durante ese encuentro habría sido presentado un expediente con nombres de gobernadores susceptibles de enfrentar investigaciones ante un Gran Jurado estadounidense, aunque esa información tampoco cuenta con confirmación oficial.

El precedente financiero

La hipótesis de un endurecimiento de las medidas estadounidenses encuentra antecedente en las acciones emprendidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones señaladas como focos de preocupación por posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con organizaciones criminales.

Tras la designación, en febrero de 2025, de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Donald Trump, las facultades de las autoridades estadounidenses para rastrear recursos financieros y sancionar a presuntos colaboradores se ampliaron considerablemente, afectando también a instituciones que mantienen operaciones en México.

Una lista que genera interrogantes

El propio reporte admite que no existe un criterio evidente que explique por qué esos gobernadores habrían sido incluidos en la presunta lista. Algunos estados enfrentan graves problemas de violencia y presencia del crimen organizado, como Morelos, Oaxaca o Durango; otros, como Coahuila, suelen ser presentados como entidades con mejores condiciones de seguridad.

También llama la atención que tres de las gobernadoras mencionadas —Rocío Nahle, Layda Sansores y Clara Brugada— forman parte del grupo político más cercano al proyecto de la Cuarta Transformación impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque el medio sostiene que han existido diferencias con la actual administración federal.

De confirmarse la información, el caso evidenciaría una nueva etapa de presión de Washington sobre la clase política mexicana mediante herramientas financieras, trasladando el combate al crimen organizado del ámbito estrictamente judicial al sistema bancario internacional. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de las presuntas órdenes de investigación o congelamiento de cuentas, por lo que el contenido debe entenderse como un reporte periodístico sustentado en fuentes del medio.

Créditos: Código Magenta

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