CIUDAD DE MÉXICO, junio 05 (XPFM).- Una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) vuelve a poner bajo cuestionamiento el discurso de combate a la corrupción impulsado por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. El reportaje documenta que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó 2 mil 314 millones de pesos en contratos a una red de diez empresas que carecían de experiencia en obras hidráulicas y que, además, compartían vínculos societarios y administrativos.
Uno de los nombres que aparece en el caso es el de Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien entre octubre de 2020 y mayo de 2021 ocupó la titularidad de la Gerencia de Recursos Materiales de Conagua. De acuerdo con la investigación, durante su gestión fueron adjudicados 38 de los 42 contratos analizados.
El reportaje sostiene que las empresas involucradas compartían accionistas, representantes legales, comisarios, administradores e incluso notarios, una estructura que habría servido para simular competencia en los procesos de licitación y dar apariencia de legalidad a la asignación de contratos públicos.
Dentro de esta red, el caso más relevante es el de Ferroclin U&Q, empresa constituida en 2014 en una notaría vinculada al hoy senador de Morena Adán Augusto López Hernández, circunstancia que añade un componente político a las presuntas irregularidades señaladas por MCCI. La investigación no acusa una responsabilidad penal del legislador, pero sí destaca la relación de la firma con su notaría.
Las adjudicaciones estuvieron relacionadas con proyectos de gran magnitud, entre ellos la construcción de la presa Santa María, en Sinaloa; la ampliación del Distrito de Riego del Pueblo Yaqui, en Sonora, y trabajos en la presa Picachos, también en territorio sinaloense.
Según el reporte, después de la salida de Martínez Rodríguez, la asignación de contratos continuó bajo la gestión de Ángel Manuel Medel Ríos, exintegrante de la Ayudantía del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien tampoco contaba con experiencia en el sector hidráulico. A él se le atribuye la autorización del resto de los contratos entregados a las diez compañías.
La investigación agrega que estas empresas ya habían sido identificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como factureras, lo que incrementa las dudas sobre los controles internos y los mecanismos de supervisión aplicados por la dependencia.
El monto total de 2 mil 314 millones de pesos fue asignado durante el sexenio de López Obrador y en los primeros meses de la administración actual, lo que, de acuerdo con la investigación, evidencia una continuidad en la operación de esta red de proveedores.
MCCI también señala que la Gerencia de Recursos Materiales de Conagua, desde donde se emitieron los fallos de las licitaciones, actualmente está encabezada por Mariana Puig López, extesorera de la Cámara de Diputados, mientras la misma red empresarial habría seguido obteniendo contratos públicos.
El caso representa un nuevo episodio que alimenta los cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso oficial de austeridad y combate a la corrupción y las prácticas de contratación documentadas en distintas dependencias federales, particularmente cuando involucran a personajes cercanos a figuras centrales del actual movimiento político.
Créditos: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
