CIUDAD DE MÉXICO, mayo 06 (XPFM).- La Auditoría Superior de la Federación ha vuelto a poner el dedo en la llaga: 5.4 millones de pesos manejados por la Secretaría de Bienestar durante 2024 carecen de justificación. La ahora ex titular Ariadna Montiel —quien dejó el cargo la semana pasada— se despide con un expediente que huele a mala gestión, cuando no a algo peor.
El desglose es revelador. Más de la mitad del monto cuestionado (2.7 millones) corresponde a 214 expedientes fantasma de presuntos damnificados por los huracanes John y Otis. Es decir: recursos etiquetados para emergencias reales que nadie puede acreditar a quién fueron a parar.
El programa estrella del gobierno, la Pensión para Adultos Mayores, aporta su propio lote de irregularidades: 1.35 millones de pesos entregados sin que existan expedientes que avalen la entrega de tarjetas bancarias a 45 personas. Y otros 330 mil pesos más para 23 adultos mayores en idéntica situación de opacidad.
Quizá lo más grave —por lo que revela sobre fallos de supervisión— es el caso del programa de apoyo a hijos de madres trabajadoras: 273 mil pesos pagados a 171 beneficiarios que ya habían rebasado la edad límite para recibir el recurso. Alguien, en algún momento, debió notar que esos niños ya no eran niños. Pero nadie detuvo los pagos.
La Auditoría también detectó 494 mil pesos mal entregados por falta de 63 expedientes de elegibilidad en el mismo programa, más de 297 mil pesos sin respaldo documental en apoyos a personas con discapacidad, y tarjetas bancarias distribuidas sin los correspondientes formatos de entrega-recepción.
Si las cifras frías ya son preocupantes, los testimonios de la región de La Huasteca —devastada por lluvias en octubre de 2025— encienden todas las alarmas. Habitantes y colectivos como Serranos Unidos en Resistencia Indígena acusan abiertamente un “fraude a la nación”: apoyos de hasta 100 mil pesos y electrodomésticos enteros entregados a personas cuyas viviendas ni siquiera resultaron dañadas. Y lo que es más delicado: varios de esos favorecidos serían familiares de funcionarios locales.
La organización ha exigido a Bienestar el padrón de damnificados para cotejarlo con sus propias observaciones. Hasta ahora, silencio.
Mientras tanto, en municipios poblanos como Zapotitlán de Méndez o Tepango —donde “no hubo ninguna afectación”, según los vecinos— se repartieron refrigeradores y recursos que debieron llegar a Huauchinango, la zona realmente golpeada.
Todo esto ocurre pese a que la propia presidenta Sheinbaum ordenó expresamente que los apoyos en la región se entregaran sin burocracia excesiva para ampliar cobertura. Loable en intención, pero la evidencia sugiere que la “simplificación” terminó siendo sinónimo de “ausencia total de controles”. Y donde no hay controles, suelen colarse los aprovechados.
La pregunta que queda flotando no es solo cómo se perderán (o ya se perdieron) esos 5.4 millones. Es cuántos millones más —en programas paralelos, en otros estados, en otras emergencias— han corrido la misma suerte mientras nadie miraba. Porque lo auditado es apenas la punta del iceberg. Lo no auditado, ese sí que es un verdadero agujero negro.
Fuente: La Razón de México
