CIUDAD DE MÉXICO, mayo 05 (XPFM).- El robo de combustibles sigue siendo una herida abierta para Petróleos Mexicanos. Lejos de mostrar avances sostenidos, el fenómeno del huachicol continúa generando pérdidas millonarias y exhibiendo fallas tanto operativas como internas dentro de la empresa productiva del Estado.
De acuerdo con información publicada por El Financiero, durante 2025, la petrolera reportó un impacto económico de 23 mil 491 millones de pesos por este delito, lo que implicó un incremento anual de 14.4 por ciento.
A la par, el volumen sustraído también creció: el promedio diario alcanzó los 19 mil 600 barriles, un alza de 15.3 por ciento frente al año anterior, reflejando que las estrategias implementadas no han logrado contener el problema de fondo.
Aunque el número de tomas clandestinas pasó de 11 mil 774 en 2024 a 10 mil 591 en 2025, la propia empresa advierte que esta reducción no necesariamente implica un descenso real en la actividad ilícita, sino una adaptación de las redes criminales, que han modificado sus métodos de operación.
En su informe anual enviado a autoridades financieras de Estados Unidos, Pemex reconoce que las acciones coordinadas con el gobierno federal no han derivado en resultados duraderos e incluso señala el riesgo de posible implicación de empleados o funcionarios en el mercado ilegal de combustibles.
Si bien la empresa destaca la recuperación de 61 millones de litros de hidrocarburos mediante operativos de vigilancia, también admite que la capacidad de respuesta se ve rebasada por la sofisticación de las organizaciones dedicadas a este negocio ilícito, por lo que ha reforzado la coordinación con fuerzas federales y el uso de tecnología para monitoreo y detección.
No obstante, especialistas consideran que las cifras oficiales podrían quedarse cortas. El excomisionado de la extinta Comisión Reguladora de Energía, Francisco Barnés de Castro, estima que las pérdidas reales por huachicol en 2025 habrían superado los 123 mil millones de pesos, muy por encima de lo reportado por la petrolera, con una tendencia creciente en los últimos años que, en conjunto, habría generado un impacto acumulado superior a los 515 mil millones de pesos, evidenciando la magnitud del desfalco y su peso sobre las finanzas públicas.
