CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (XPFM).- La narrativa oficial en Campeche empieza a tensionarse frente a una realidad financiera que la propia gobernadora Layda Sansores describe en términos alarmantes. Según sus declaraciones, el estado atraviesa una falta de liquidez tan profunda que ni siquiera habría recursos para cubrir servicios esenciales como la electricidad, un señalamiento que, más allá de lo dramático, evidencia problemas serios de planeación y manejo presupuestal.
“No tenemos un peso de liquidez, ni para pagar la luz”, afirmó.
El pronunciamiento, realizado durante un acto con empleados estatales, no solo expuso la fragilidad operativa del gobierno, sino que dejó entrever una estrategia política basada en la confrontación.
Sansores no solo descartó recurrir a financiamiento inmediato o negociar plazos, sino que planteó la posibilidad de cerrar oficinas públicas como medida de presión, una decisión que trasladaría el costo de la crisis directamente a la ciudadanía.
“No pediré prestado ni pediré prórroga, apago todas las oficinas y que vean que en Campeche las oficinas se paralizan”, expresó.
La explicación ofrecida por la mandataria apunta a recortes federales más profundos de lo que oficialmente se ha reconocido.
Mientras desde el ámbito legislativo se habla de una reducción cercana a los dos mil millones de pesos, el gobierno estatal eleva la cifra al doble, generando dudas sobre la consistencia de los datos y la transparencia en el diagnóstico financiero.
Y es que de acuerdo a información publicada en Tribuna Campeche, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara federal de Diputados, señala que en 2025 Campeche recibió 25,916.9 millones de pesos por concepto de participaciones, aportaciones y convenios y subsidios federales, y este 2026 hay programados 23,939.5 millones, es decir, un “recorte” casi 2 mil millones de pesos (1,977.4 mdp).
En paralelo, el Congreso local aprobó recientemente un endeudamiento considerable a largo plazo. Sin embargo, la falta de claridad sobre el destino inmediato de esos recursos alimenta la percepción de desorden en la gestión: por un lado se advierte insolvencia para cubrir gastos básicos, y por otro se abre la puerta a nueva deuda sin una ruta clara para estabilizar las finanzas en el corto plazo.
Más allá del discurso, el riesgo tangible es la interrupción de servicios públicos y administrativos. Un eventual cierre de dependencias no solo afectaría trámites y programas sociales, sino que podría derivar en incumplimientos contractuales y sanciones adicionales, agravando aún más el problema que se intenta contener.
En este contexto, la postura del gobierno estatal parece oscilar entre la denuncia y la amenaza, sin ofrecer hasta ahora un plan concreto que permita entender cómo se resolverá una crisis que, de acuerdo con sus propias palabras, ha llegado a un punto crítico.
