CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (XPFM).- La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a recurrir a una respuesta que empieza a volverse habitual: declarar que desconoce hechos relevantes en la agenda pública. Esta vez, el tema fue la supuesta cancelación de la visa estadounidense al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, una versión difundida por el periodista Steve Fisher.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada directamente sobre el presunto retiro del documento migratorio por parte de Estados Unidos. Su contestación no dejó espacio para matices: aseguró no tener información al respecto. La misma postura repitió cuando se le planteó si la medida podría estar vinculada con recientes declaraciones del embajador estadounidense Ronald Johnson sobre posibles acciones contra la corrupción en México.
El señalamiento surge en un contexto delicado. Según lo publicado, la visa de Rocha Moya habría sido retirada desde 2025, aunque el dato no había trascendido hasta ahora. La revelación coincide con la visita del diplomático a Sinaloa, donde lanzó advertencias poco habituales en su tono sobre el combate a prácticas corruptas, insinuando que podrían venir decisiones contundentes en el corto plazo.
Más allá de la veracidad o no de la medida, lo que resulta llamativo es el patrón en la respuesta presidencial. La reiteración del “no tengo conocimiento” frente a temas de impacto político y diplomático plantea dudas sobre los mecanismos de información dentro del propio gobierno federal, o bien sobre la estrategia de comunicación adoptada ante asuntos incómodos.
El episodio se suma a otros en los que Sheinbaum ha sostenido que fue informada tarde o que simplemente no estaba enterada, incluso tratándose de cuestiones de seguridad o de posible injerencia extranjera. En lugar de ofrecer claridad, esta postura parece reforzar la percepción de un gobierno reactivo, que responde una vez que los hechos ya están en la esfera pública.
Mientras tanto, versiones periodísticas apuntan a que las acciones del gobierno estadounidense en materia anticorrupción podrían escalar más allá de sanciones administrativas como la cancelación de visas, alcanzando incluso procesos judiciales. De confirmarse, el impacto político sería considerable y pondría bajo mayor escrutinio a distintos actores públicos mexicanos.
En ese escenario, la insistencia en el desconocimiento no solo deja preguntas sin responder, sino que también abre un flanco de crítica sobre la capacidad del Ejecutivo para anticipar, gestionar y explicar asuntos de relevancia nacional e internacional.
