CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (XPFM).- A más de treinta días del derrame de hidrocarburos ocurrido en aguas del Golfo de México, los efectos sobre los ecosistemas costeros continúan extendiéndose. Lo que comenzó como una fuga localizada ha recorrido ya más de 900 kilómetros de litoral, afectando manglares, arrecifes y áreas naturales protegidas en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
Frente a esta situación, la Bancada Naranja en el Congreso prepara una iniciativa legislativa que busca subsanar las deficiencias estructurales del marco jurídico ambiental. La propuesta, que será presentada en los próximos días, plantea la implementación de sistemas integrales de prevención, monitoreo y respuesta inmediata, los cuales deberán traducirse en obligaciones concretas, verificables y exigibles para los responsables de actividades de alto riesgo.
De acuerdo con Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el actual diseño normativo presenta un desfase crítico frente a la realidad de los eventos de contaminación.
“En la práctica, los daños suelen detectarse de manera tardía, cuando ya se han extendido sus efectos, y las acciones de contención dependen de la voluntad o capacidad de respuesta de los responsables”, señaló la legisladora.
La iniciativa contempla que la omisión en la adopción de estas medidas, así como la falta de actuación inmediata ante eventos de riesgo, sea calificada como infracción grave. Con ello, se pretende no solo reducir la probabilidad de nuevos derrames, sino también garantizar condiciones operativas mínimas que permitan una detección oportuna.
El derrame de marzo pasado no constituye un hecho aislado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entre 2008 y 2024 se registraron mil 146 eventos de contaminación por hidrocarburos, que han impactado aproximadamente 17.2 millones de metros cúbicos de suelo.
De estos, 577 fueron clasificados como emergencias ambientales súbitas, mientras que 569 corresponden a pasivos ambientales —situaciones en las que la contaminación persiste por falta de acciones de remediación oportunas.
Ortega Pacheco advirtió que investigaciones recientes han identificado múltiples vertidos en zonas petroleras del Golfo de México desde al menos 2023, con hasta 14 derrames significativos en un mismo campo petrolero en un periodo reducido de años.
“Esto evidencia problemas en la infraestructura y en los mecanismos de prevención y supervisión ambiental”, explicó.
Más allá del deterioro ecológico, la legisladora subrayó las consecuencias sociales y económicas: la contaminación de ecosistemas costeros afecta directamente la actividad pesquera, el turismo y los medios de subsistencia de comunidades enteras, generando pérdidas económicas y profundizando condiciones de vulnerabilidad.
La iniciativa de Movimiento Ciudadano busca, en suma, cerrar la brecha entre la norma y la realidad operativa, para que ningún derrame vuelva a encontrar al Estado sin herramientas ni respuesta.
