CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (XPFM).- A más de un año de que la reforma constitucional en materia de salarios dignos fuera aprobada por ambas Cámaras del Congreso y por 31 congresos locales, el Senado aún no emite la declaratoria de constitucionalidad necesaria para su publicación. Esa omisión acaba de ser puesta bajo la lupa de un Tribunal Colegiado.
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió admitir el amparo promovido por el diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, y ordenó que el caso sea analizado a fondo para determinar si la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado ha incurrido en una omisión al no concluir el trámite legislativo correspondiente.
La reforma, que modifica el artículo 123 Constitucional, tiene como objetivo garantizar un salario base mensual equivalente al salario promedio registrado ante el IMSS —actualmente 20 mil 195 pesos— para maestras y maestros de nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros.
En un primer momento, un juzgado de distrito desechó la demanda de amparo argumentando que las adiciones o reformas a la Constitución no son impugnables por esa vía. Sin embargo, el Tribunal Colegiado estableció una distinción fundamental. En su resolución.
“En el caso, el recurrente plantea una distinción relevante entre impugnar una reforma constitucional y reclamar la omisión de concluir una etapa formal del procedimiento legislativo. Esa distinción tiene importancia porque, de ser correcta, el acto reclamado no consistiría propiamente en la reforma constitucional ni en el proceso deliberativo que le dio origen, sino en la falta de realización de un acto posterior que permitiría culminar el procedimiento mediante su publicación oficial, y se traduce en una omisión legislativa”, señaló.
El Tribunal añadió que la juzgadora de primera instancia “no advirtió esta naturaleza del acto reclamado”, y subrayó que la determinación de la naturaleza jurídica de la omisión “requiere un examen más profundo de las circunstancias del caso”.
Tras conocer la resolución, el diputado Pablo Vázquez Ahued calificó el fallo como un paso fundamental. En declaraciones, sostuvo:
“Este es un paso fundamental, porque es inconcebible que el Senado de la República no emita la declaratoria de constitucionalidad de una reforma ya aprobada desde hace más de un año. Llevar esta omisión a las instancias judiciales formales era muy necesario porque no puede ser que exista este nivel de arbitrariedad y opacidad por parte de una sola persona, en este caso la Presidencia del Senado, que además está impidiendo que se materialice una reforma en beneficio de millones de servidores públicos.”
El legislador, quien se desempeña como vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, ha impulsado durante más de un año diversas acciones para exigir que el Senado concluya el trámite pendiente. Entre ellas se encuentran solicitudes dirigidas a la Mesa Directiva del Senado, peticiones a la Presidenta de la República, así como acciones jurídicas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante el Instituto Nacional Electoral.
Vázquez Ahued enfatizó el carácter excepcional de la situación:
“Hay que recordar que la negativa del Senado de emitir la declaratoria de constitucionalidad es una arbitrariedad injustificada e inédita en la historia de México, dado que se trata de una reforma constitucional ya aprobada por todos los órganos legislativos y que cumple con todos los requisitos para ser publicada.”
Con esta resolución, el Tribunal Colegiado ordena que la demanda de amparo sea admitida a trámite y analizada en su fondo. El caso no está resuelto, pero la decisión judicial abre la puerta a que se determine si la omisión del Senado constituye una violación al procedimiento legislativo. Mientras tanto, la reforma que beneficiaría a millones de trabajadores de la salud, la educación y la seguridad pública continúa en pausa, a la espera de un acto que la Presidencia del Senado se ha negado a realizar.
