CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (XPFM).- La propuesta del Gobierno Federal para permitir que beneficiarios del IMSS-Bienestar accedan a servicios del IMSS o del ISSSTE ha encendido alertas en la oposición, no tanto por su intención, sino por la viabilidad real de su ejecución.
El diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, ha sido uno de los principales críticos de la medida, al señalar una contradicción de fondo: se pretende ampliar la cobertura del sistema de salud sin destinar un solo peso adicional para sostenerla.
La llamada “universalización” parte de una premisa políticamente atractiva —que cualquier persona pueda atenderse en la institución más cercana—, pero técnicamente frágil. En un sistema ya presionado, la incorporación de millones de personas sin afiliación efectiva podría traducirse, más que en acceso, en una mayor saturación y en el deterioro de la calidad de los servicios, expresó.
Hoy, instituciones como el IMSS y el ISSSTE operan al límite. Atienden a más de 60 millones de derechohabientes combinados, con problemas persistentes de desabasto, infraestructura insuficiente y personal médico sobrecargado. En ese contexto, sumar potencialmente a casi 48 millones de personas sin seguridad social no parece una estrategia de expansión, sino un riesgo de colapso gradual.
El señalamiento central no es menor: el costo de esta política recaería, indirectamente, en los trabajadores que financian el sistema mediante sus cuotas. Es decir, la ampliación del acceso no vendría acompañada de una ampliación de capacidades, generando una redistribución forzada de recursos ya limitados.
Además, la propuesta no corrige una de las distorsiones históricas del sistema: la desigualdad en el gasto por paciente entre instituciones. Mientras algunos sistemas cuentan con mayor infraestructura y recursos —como Pemex o las Fuerzas Armadas—, otros operan con márgenes mucho más reducidos, lo que profundiza la inequidad en la atención.
A ello se suma otro punto crítico: la falta de garantías mínimas. Ni siquiera está asegurado un paquete básico de servicios para los actuales derechohabientes, lo que pone en duda la viabilidad de extender beneficios a una población más amplia sin deteriorar aún más la calidad.
En la práctica, advierten especialistas y legisladores, la medida podría reforzar una tendencia ya visible: el desplazamiento de pacientes hacia consultorios privados de bajo costo, ante la incapacidad del sistema público para absorber la demanda.
El diagnóstico que plantea Éctor Jaime Ramírez Barba es contundente: más que una reforma estructural, la propuesta responde a una lógica reactiva frente a las limitaciones del modelo IMSS-Bienestar, cuya implementación no ha logrado consolidarse como alternativa funcional.
La narrativa oficial habla de integración y acceso universal; la realidad operativa apunta a saturación, desgaste del personal médico y una presión creciente sobre instituciones ya rebasadas.
En el fondo, el debate no es ideológico, sino financiero y estructural: sin inversión en hospitales, equipamiento y capital humano, la universalización del sistema de salud corre el riesgo de quedarse en una promesa política, con costos reales para millones de usuarios.
Porque en salud pública, abrir la puerta sin ampliar la casa no es inclusión: es sobrecarga.
