CIUDAD DE MÉXICO, abril 09 (XPFM).- Aprobada por una amplía mayoría en la Cámara de Diputados —423 votos a favor, 37 en contra—, la iniciativa presidencial que otorga a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la capacidad de participar en obras de salud fue duramente cuestionada por la oposición, que señaló graves deficiencias en el diseño de la medida.
Si bien el dictamen —turnado ya al Senado— faculta a la SICT para construir, equipar, rehabilitar o ampliar establecimientos de salud en coordinación con los tres órdenes de gobierno, legisladores del PAN y del PRI coincidieron en que la propuesta es incompleta y potencialmente dañina.
El panista Gerardo Ponce de León Valdés fue contundente: la iniciativa suena razonable en el papel, pero en la práctica está llena de “grietas”. Entre sus críticas destacó que no se delimitan responsabilidades entre dependencias, no se asignan recursos adicionales y no se definen los criterios bajo los cuales la SICT podría ser solicitada para intervenir.
Aunque su bancada acompañó el dictamen, advirtió que hacerlo “sin fingir que es perfecto” implica reconocer vacíos, riesgos y áreas urgentes de corrección. Exigió reglas claras sobre el cómo y el cuándo de la participación de la SICT, así como garantías de que no se descuide el mantenimiento de otras obras por falta de presupuesto.
Más ácido fue el priista Miguel Alejandro Alonso Reyes, quien calificó la decisión como riesgosa. Recordó que la SICT es una secretaría especializada en carreteras, transporte y logística, no en salud pública.
“No cuenta con el conocimiento clínico para identificar necesidades reales de hospitales, centros de salud o equipamiento médico”, sentenció.
Para Alonso Reyes, sumar infraestructura hospitalaria a una dependencia ya sobrecargada solo provocará saturación institucional, obras de menor calidad o ejecución fuera de tiempo. Su diagnóstico fue lapidario: “Esto implica construir desde la óptica del cemento, no desde la óptica del paciente”.
El decreto, que nace de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegura en su régimen transitorio que no requerirá recursos adicionales, pues las erogaciones saldrán del presupuesto actual de la SICT.
Para la oposición, justamente ahí reside otro de los problemas: sin más fondos ni mayor especialización, la medida podría terminar perjudicando tanto la infraestructura de transporte como la de salud.
El Ejecutivo federal dispondrá de 180 días hábiles para hacer los ajustes reglamentarios necesarios, un plazo que, para críticos como Ponce de León, debería aprovecharse para corregir los vacíos antes de que la realidad rebase el papel.
