CIUDAD DE MÉXICO, abril 09 (XPFM).- Luego de que el Senado de la República aprobara la reforma que permitirá utilizar hasta el 30 por ciento de los recursos de las Afores para financiar proyectos de infraestructura del gobierno, estos recursos ya no solo serán para el garante del retiro estable de los trabajadores mexicanos, sino que se convierten en una potencial fuente de financiamiento para obras públicas definidas desde el poder.
La explicación oficial sostiene que se trata de “inversión productiva” que generará rendimientos y contribuirá al desarrollo del país, y cuenta con el respaldo de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CONSAR, que desde hace años promueven que los fondos de pensiones participen en proyectos estratégicos.
Sin embargo, lo que la exposición oficial omite es que esos mismos organismos recomiendan hacerlo con reglas muy claras y límites muy estrictos: invertir solo entre el 1 y el 5 por ciento del total de los fondos, aplicar reglas estrictas de selección de proyectos, evitar cualquier injerencia política en las decisiones y garantizar transparencia total en el uso de los recursos.
La diferencia entre lo que sugieren los especialistas y lo que terminó aprobado en el Senado es abismal, porque la nueva ley permite destinar hasta un 30 por ciento del ahorro de los trabajadores, que en su conjunto sumarían seis billones de pesos, de 73 millones de trabajadores mexicanos, sin mecanismos claros de blindaje contra decisiones discrecionales.
“Esto ya no es diversificar riesgos, es cambiar por completo el nivel de riesgo que asume el trabajador”, advirtió un analista del sistema de pensiones que pidió mantener su nombre en reserva.
A pesar de la aprobación en el Senado, la reforma deja abiertas varias interrogantes que ni los legisladores ni el gobierno han aclarado. ¿Se elegirán los proyectos con base en su rendimiento financiero o en su valor político? ¿Quién responde si una obra financiada con recursos de las Afores fracasa o no genera los rendimientos esperados? ¿Los trabajadores asumirán solos el costo de una mala inversión? ¿Habrá mecanismos reales para que los cuentahabientes sepan en qué se está invirtiendo su dinero?
Especialistas en finanzas públicas han señalado un desbalance fundamental en la reforma: la asimetría entre beneficios y riesgos. Si los proyectos tienen éxito, el gobierno y los legisladores que votaron a favor podrán reclamar el mérito de una “estrategia visionaria” que impulsó el desarrollo nacional mientras generaba rendimientos para los trabajadores.
Pero si los proyectos fracasan, no habrá responsables políticos; los únicos que absorberán las pérdidas serán los propios trabajadores, que verán reducido su ahorro para el retiro sin posibilidad de reclamar a nadie.
La reforma no consiste en que el gobierno “se quede” con el dinero de las Afores de manera directa. Nadie está expropiando nada, al menos no explícitamente. Pero lo que sí hace es ampliar de manera sustancial el margen de uso de esos recursos y el tipo de riesgos a los que se exponen.
Mientras tanto, la discusión de fondo sigue abierta: ¿por qué el Estado debe disponer del ahorro individual de los trabajadores en nombre del desarrollo nacional?, ¿quién asume el costo si las cosas salen mal?, y sobre todo, ¿no cuenta el gobierno con recursos suficientes para invertir en infraestructura que debe recurrir al ahorro de los trabajadores? o será que ¿usar el ahorro de trabajadores, es la solución a la falta de recursos en la 4T?
