CIUDAD DE MÉXICO, abril 08 (XPFM).- Más de 40 alertas sobre presuntos desvíos de recursos en la Embajada de México en Reino Unido fueron ignoradas por la Secretaría de Relaciones Exteriores durante las gestiones de Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, según documentos a los que tuvo acceso Animal Político.
Las advertencias —en forma de oficios, correos y reportes formales— fueron impulsadas por la entonces embajadora Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, quien dejó el cargo en enero de 2026.
Las denuncias señalaban a tres funcionarios: Érika Pardo Rodríguez, encargada de funciones administrativas; Abel Escartín, exembajador aún vinculado a operaciones bancarias de la sede; y Octavio Perales, servidor adscrito a la representación.
Los expedientes internos (DE100 y DE86) detallan un esquema que incluía facturas alteradas —un comprobante pasó de 9,909 a 19,909 libras— y transferencias trianguladas. También se documentó la destrucción de un vehículo oficial Mercedes Benz y pagos por más de 140 mil libras a la empresa Easy Steps, sin registro formal en Reino Unido.
De acuerdo con los documentos se modificaban facturas para inflar montos y la diferencia se canalizaba a cuentas personales mediante transferencias trianguladas que dificultaban el rastreo. Además del caso de las 10 mil libras desviadas, las investigaciones apuntan a movimientos específicos por 13 mil y 19 mil libras, así como la destrucción de un vehículo oficial, lo que evidencia irregularidades tanto en recursos financieros como en bienes del Estado.
Entre 2021 y 2025 se realizó una auditoría que derivó en 74 acciones —46 correctivas y 28 preventivas—. Sin embargo, 31 de ellas permanecían pendientes al cierre de la gestión de De la Fuente en abril de 2026, lo que revela una falta de resolución pese a las observaciones formales. A esto se suma la emisión de un certificado de patrocinio migratorio a una persona sin vínculo laboral con la embajada, un trámite que habría facilitado la obtención de una visa de trabajo en territorio británico.
La SRE aseguró que las denuncias se atienden mediante instancias internas. El caso refleja tanto un posible esquema de corrupción como fallas estructurales en los mecanismos de control institucional, que permitieron que las anomalías persistieran durante años sin ser contenidas.
Las alertas existieron, los reportes también; lo que faltó fue voluntad para actuar.
