CIUDAD DE MÉXICO, abril 04 (XPFM).- En un pronunciamiento oficial emitido este sábado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su total desacuerdo con las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED), que determinó solicitar al Secretario General de la ONU turnar el caso de México a la Asamblea General ante indicios fundados de que en el país se cometen desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática.
Lejos de respaldar las preocupaciones internacionales o de colocarse al lado de las víctimas y sus familias, la CNDH respaldó explícitamente la postura del gobierno federal al calificar el dictamen de la ONU como “sesgado” y carente de perspectiva histórica, al tiempo que minimizó la crisis actual.
“No es política de Estado”
El organismo “autónomo”, encabezado por su actual gestión, aseguró que “la desaparición forzada ha dejado de ser política de Estado” , afirmando que esta práctica ocurrió principalmente durante la llamada “Guerra Sucia” (1951-1990) y la “Guerra contra el narcotráfico” impulsada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012). La CNDH sostuvo que los casos cometidos por autoridades federales “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”.
En un giro que ha generado controversia, la Comisión desestimó la opinión del Comité de la ONU argumentando que este se basó en peticiones de organizaciones civiles a las que acusó de “manipulación” y de “lucrar con los derechos humanos”, mencionando específicamente al Centro Prodh.
La CNDH cuestionó que el CED no haya agotado primero las instancias nacionales y que ignore los “esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales” del gobierno actual.
Críticas al Comité de la ONU y defensa del gobierno
En un tono inusualmente crítico hacia el organismo internacional, la CNDH señaló contradicciones en el dictamen del CED y cuestionó que el Comité no haya emitido señalamientos durante gobiernos anteriores.
“La ONU no dijo nada entonces”, reprochó la Comisión, refiriéndose a sexenios pasados.
La CNDH también rechazó que la situación actual pueda equipararse con la de administraciones previas, defendiendo los “avances normativos, institucionales y de voluntad política” del gobierno federal en materia de seguridad y atención a víctimas.
Un reconocimiento tardío y una omisión de fondo
Si bien la CNDH listó 14 recomendaciones por desaparición forzada por hechos ocurridos entre 1958 y 2018, así como 5 recomendaciones por casos recientes (2019-2022), el organismo evitó pronunciarse sobre la magnitud actual del problema.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPND), a la fecha existen más de 132,000 personas desaparecidas en México, la mayoría de ellas durante el periodo que la propia CNDH reconoce como crítico, pero sin ofrecer soluciones concretas a las familias que aún hoy buscan a sus seres queridos.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda han señalado que la postura de la CNDH representa un retroceso institucional y un abandono de su función original como garante de los derechos humanos frente al Estado. Acusan al organismo de alinearse con la narrativa oficial en lugar de exigir justicia y verdad para las víctimas.
Rechazo a la cooperación internacional
Finalmente, la CNDH calificó como “fallidas recetas desde el exterior” las posibles medidas de cooperación técnica, asistencia especializada y creación de mecanismos de verdad que la ONU podría impulsar.
La Comisión advirtió que dichas acciones “carecen de sustento” y afirmó que continuará dialogando con organismos internacionales, pero bajo sus propios términos.
