CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (XPFM).- Por segundo año consecutivo, el gobierno de Estados Unidos profundizó su examen sobre las barreras que enfrentan sus exportadores en México, y el resultado es un diagnóstico más extenso y severo.
En su más reciente National Trade Estimate (NTE) 2026, Washington dedicó nueve páginas a documentar lo que considera un giro restrictivo en las políticas comerciales, aduaneras y energéticas del país, con nuevos focos de preocupación que van desde el sesgo en compras públicas hasta el impacto de actividades ilegales en la competitividad.
Lo que en 2025 era una lista de problemas operativos en aduanas —notificaciones tardías, criterios variables, limitaciones en puertos de entrada— se ha convertido en 2026 en la descripción de un esquema que, desde la perspectiva estadounidense, se ha vuelto más punitivo.
Las autoridades mexicanas ahora exigen una carga documental mayor por cada transacción, han endurecido las sanciones y cuentan con atribuciones ampliadas para detener o decomisar envíos. Para las empresas exportadoras, esto se traduce en mayores costos de cumplimiento y en una incertidumbre logística que, advierte el reporte, introduce riesgos financieros considerables.
A esta nueva realidad aduanera se suma una novedad que no aparecía en la edición anterior del informe: la inclusión de criterios de contenido nacional en las compras gubernamentales.
México modificó sus reglas de licitación para otorgar puntos adicionales a empresas que inviertan en producción local o desarrollen infraestructura en el territorio. Aunque la medida busca fomentar la inversión, el gobierno estadounidense la interpreta como una desventaja para sus compañías, particularmente en el sector de salud, donde los criterios de adjudicación se alejan de consideraciones tradicionales como el costo o la eficiencia.
El diagnóstico en materia energética también se endureció. Las reformas impulsadas en los últimos años, según el informe, han consolidado un modelo que coloca a las empresas estatales en una posición dominante y deja márgenes cada vez más estrechos para la participación privada.
Un ejemplo que subraya Washington es la reducción drástica en la vigencia de permisos para importación de combustibles —de hasta veinte años a solo cinco—, sumada a nuevas restricciones logísticas que, en la práctica, encarecen las operaciones de los competidores de Pemex. A esto se agrega una cifra que el reporte menciona como síntoma de un entorno complejo: más de 2,500 millones de dólares en adeudos de Pemex a empresas estadounidenses, una situación que agrega presión financiera y eleva la percepción de riesgo en el sector.
Pero quizás uno de los cambios más significativos en la edición 2026 del informe es la incorporación de preocupaciones vinculadas al crimen organizado y su impacto en condiciones de competencia. Por primera vez, el documento pone el foco en cómo la pesca ilegal y la tala clandestina en México terminan afectando a productores estadounidenses.
En el caso pesquero, las importaciones desde México alcanzaron casi 647 millones de dólares en 2025, pero Washington advierte que parte de esos productos proviene de actividades no reguladas, lo que distorsiona los precios en el mercado estadounidense.
En la industria forestal, el informe estima que entre 30 y 70 por ciento de la madera que sale de México podría tener origen ilegal, un problema que, desde la óptica estadounidense, combina una falla estructural en materia ambiental con una distorsión comercial difícil de ignorar.
En conjunto, el reporte de este año refleja no solo un aumento cuantitativo en las quejas documentadas, sino un cambio cualitativo en la forma en que Estados Unidos evalúa a su principal socio comercial.
