XALAPA, Veracruz., marzo 25 (XPFM).- A partir del 24 de marzo, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos dejó de existir como órgano autónomo dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que el acuerdo 11/2026 fuera publicado en la Gaceta Oficial de la entidad.
La dependencia, creada para investigar actos de corrupción de funcionarios estatales, fue suprimida sin que medie una explicación clara sobre los alcances de esta decisión.
Si bien el documento oficial señala que las investigaciones en curso no serán canceladas, sino reasignadas a fiscales de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, especialistas y organizaciones civiles advierten que esta reestructuración encubre un mensaje más profundo: la corrupción dejará de ser una prioridad investigativa.
El personal que laboraba en la ahora extinta fiscalía quedó a disposición de la titular de la FGE, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien definirá su reubicación en otras áreas operativas o administrativas.
Un historial de omisiones
En Veracruz, el combate a la corrupción ha sido una asignatura pendiente. Diversos casos de presuntos actos de malversación de recursos cometidos por servidores públicos —tanto de administraciones pasadas como de la actual— han sido señalados por organizaciones civiles sin que hasta ahora se hayan desahogado investigaciones concluyentes.
Con la desaparición de la fiscalía especializada, crece el temor de que esos casos queden en el olvido y de que funcionarios del gobierno actual que incurran en irregularidades tampoco sean investigados.
“Estamos ante una decisión que no solo debilita la institucionalidad, sino que envía una señal clara: quien ocupe un cargo público en Veracruz puede cometer actos de corrupción sin temor a ser sometido a un proceso especializado”, señalaron activistas en redes sociales.
Impunidad como política
La eliminación de esta fiscalía ocurre en un contexto donde la entidad arrastra un histórico de señalamientos por corrupción estructural.
La medida representa un retroceso en la construcción de mecanismos autónomos de rendición de cuentas y se presta directamente a que aumenten los niveles de impunidad.
“Si no hay una instancia especializada, si los casos se diluyen en una fiscalía general que no tiene esa vocación anticorrupción, lo que se está haciendo es enterrar las investigaciones. En Veracruz hay casos de corrupción que siguen sin investigarse; ahora, funcionarios del gobierno actual que pudieran incurrir en lo mismo no serán investigados. Esto no es una reestructuración, es una confesión de que la corrupción se administra, no se combate”, coincidieron especialistas en el tema.
La decisión ha generado rechazo pero no sorpresa pues este tipo de decisiones han sido una constante en los gobierno emanados de la 4T, sin transparencia ni rendición de cuentas. Con con este movimiento, el gobierno estatal que encabeza Rocío Nahle y la FGE envían un mensaje de puertas abiertas a la impunidad.
