CIUDAD DE MÉXUCI, marzo 12 (XPFM).- El Senado de la República aprobó este miércoles una reforma al artículo 127 constitucional que establece un límite a las pensiones de altos funcionarios públicos, con el objetivo de erradicar los privilegios en el sistema de jubilaciones financiado con recursos públicos.
El punto central de la reforma estipula que los funcionarios de organismos descentralizados, empresas productivas del Estado, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos no podrán recibir una pensión superior a la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.
Es decir, ningún jubilado del sector paraestatal podrá tener un haber superior al que percibe la Presidenta de la República.
El proyecto fue avalado en lo general por unanimidad con 116 votos a favor. En lo particular, se registraron 109 votos a favor y seis abstenciones, por lo que la Mesa Directiva turnó el dictamen a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aclaró que la reforma no es retroactiva en cuanto a devolución de recursos, no obstante, la disposición transitoria obliga a que todas las pensiones vigentes no excluidas se ajusten al nuevo límite.
Desde MC, Alejandra Barrales Magdaleno respaldó la medida al estimar un ahorro de 5 mil millones de pesos anuales, aunque expresó su preocupación por la posible retroactividad y porque “se excluye a las Fuerzas Armadas y a ministros del Poder Judicial”.
Precisamente, la exclusión de las Fuerzas Armadas, de las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o sindicales y de la pensión no contributiva quedó explícitamente asentada en el dictamen.
El panista José Máximo García López apoyó el límite por considerarlo “un acto de justicia”, pero advirtió errores de técnica legislativa, ya que “el sueldo del Ejecutivo Federal no es una referencia técnica estable, porque se fija cada año”. En tanto, la priísta Carolina Viggiano Austria cuestionó que no se haya incluido a los ministros de la Suprema Corte, lo que calificó como un “uso faccioso de la mayoría legislativa”.
Con esta reforma, el Senado busca garantizar que ninguna pensión del sector público paraestatal supere el salario de la Presidenta, en un esfuerzo por sanear las finanzas públicas y eliminar las llamadas “jubilaciones millonarias”.
