CIUDAD DE MÉXICO, marzo 04 (XPFM).- El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió el pasado 19 de febrero el juicio de amparo 1350/2023, promovido por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ordenando a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia.
La resolución judicial advierte una brecha documental de aproximadamente 853 folios del CFRI que no han sido proporcionados por las autoridades castrenses, pese a que su existencia quedó evidenciada en el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Dicho organismo internacional documentó que, si bien tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI sobre el seguimiento a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, los folios entregados presentaban discontinuidades que demostraban la sustracción arbitraria de información.
El fallo precisa que la falta de continuidad en los documentos no prueba su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las instancias militares y debe ser entregada para garantizar el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad. La sentencia establece además que dicha documentación no puede clasificarse como confidencial o secreta, dado el interés preponderante de las víctimas y de la sociedad por conocer lo ocurrido.
El amparo, presentado en agosto de 2023, derivó del incumplimiento de la SEDENA al Decreto Presidencial de 2018 que obliga a todas las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso. Las familias señalaron la responsabilidad directa de diversas áreas de inteligencia militar por el ocultamiento de documentos cuya relevancia resulta clave para entender el contexto criminal de Iguala y, particularmente, para esclarecer el paradero de los estudiantes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había observado previamente que los avances en la investigación se encontraban estancados debido a la falta de entrega de información por parte de la SEDENA, puntualizando que el litigio actual pudo haberse evitado con una cooperación de buena fe por parte de las autoridades militares.
Cabe recordar que, dentro de este mismo proceso, en septiembre de 2023 un Tribunal Colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier información relacionada con el caso.
A más de once años de los hechos, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos han debido mantener acciones legales nacionales e internacionales frente a la persistente negativa de la SEDENA de entregar de manera completa la información que podría contribuir a conocer el paradero de sus hijos, así como ante la parálisis de instancias como la COVAJ, que dejó de funcionar como mecanismo efectivo para superar los obstáculos en la investigación.
