CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (XPFM).- El senador panista Ricardo Anaya acusó que la Reforma Electoral promovida por Morena tiene como objetivo central someter al Instituto Nacional Electoral y hacerse del control de los comicios. Aseguró que los argumentos técnicos y las cifras presentadas por el oficialismo sólo buscan desviar la atención del fondo del debate.
Anaya sostuvo que, detrás de la iniciativa impulsada desde Palacio Nacional, existe la intención de consolidar un modelo autoritario al concentrar el control del árbitro electoral. En ese sentido, calificó la propuesta como una “Ley Maduro” y afirmó que Morena pretende enredar la discusión en aspectos técnicos para ocultar su verdadero propósito.
El legislador también descalificó los foros de discusión organizados por la mayoría oficialista, al considerar que no son auténticos espacios de diálogo. Señaló que Morena ejerce un dominio absoluto del Poder Legislativo tras haber alcanzado la mayoría calificada en el Senado, lo que, dijo, vuelve irrelevante cualquier ejercicio de consulta. Reiteró que el PAN ha insistido desde hace años en que el problema de fondo del sistema electoral es la sobrerrepresentación.
“Estoy convencido de que todos esos temas, todas esas cifras no son más que distractores; lo que en el fondo Morena quiere es el control del INE, el control de las elecciones. Eso es lo que están buscando: esto es la Ley Maduro, nos quieren enredar en una discusión técnica sobre distintos aspectos, pero en el fondo lo que Morena quiere es control para consolidar un régimen de corte autoritario”, señaló.
La discusión sobre la Reforma Electoral se ha reactivado durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, con una propuesta aún en elaboración a cargo de una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez. De acuerdo con lo planteado, el proyecto busca reducir costos, mejorar la representatividad y adecuar el marco legal a nuevos escenarios, como la coincidencia de elecciones ordinarias con las del Poder Judicial.
Por su parte, el INE ha presentado planteamientos técnicos para ajustes específicos, subrayando la necesidad de preservar su autonomía, la certeza de los procesos electorales y la viabilidad financiera del organismo, al tiempo que advierte sobre los riesgos de cambios profundos que erosionen la confianza ciudadana.
Entre los puntos más polémicos se encuentran la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la eventual eliminación o restricción de las figuras plurinominales y posibles modificaciones a la estructura y grado de autonomía del INE. Estas propuestas han generado tensiones incluso dentro de la coalición gobernante, ya que partidos aliados como el PT y el PVEM rechazan recortes que afecten sus recursos y espacios de representación.
