CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (XPFM).-La Presidente de México, Claudia Sheinbaum, es señalada de solapar actos de corrupción de funcionarios de su gobierno y del de su antecesor a pesar de asegurar que las cosas han cambiado en el país.
A los ya conocidos casos del “Huachicol Fiscal” y de “Segalmex”, que iniciaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se sumó en su primer año de gobierno el de “Alimentación del Bienestar”.
Este caso es identico al de Segalmex, en el que replicaron esquemas al de las “Empresas Fantasmas de Duarte” de 2016, en el que se utilizaron esquemas de contratación con empresas con domicilios fiscales inexistentes, prestanombres usados sin su consentimiento y robos de identidad.
El exgobernador de Veracruz entre 2010 y 2016, recibió una sentencia de nueve años de prisión por el desvío de 900 millones de pesos, pero hoy las cuentas públicas dicen que nada se sabe de 62 mil millones de pesos del erario estatal durante su administración.
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En el caso de Segalmex las detenciones por pérdidas por más de 12 mil millones de pesos sólo han llevado a prisión a un pequeño grupo de empleados de rango medio y bajo, pero no alcanzó a quien fuera su director.
Segalmex, obra de López Obrador no duró ni un sexenio tras su escándalo de corrupción, llegando en su lugar “Alimentos para el Bienestar”, sin embargo, sólo se cambió el nombre pero la corrupción se mantuvo.
“Alimentos para el Bienestar” continuó con el mismo esquema de contrataciones fraudulentas, beneficiando con adjudicaciones directas a empresas “fantasma”.
Las empresas Konkistolo, FamilyDuck, Abastémade, Grupo Pelmu y Todologos, recibieron contratos ya en el Gobierno de Claudia Sheinbaum por 184 millones de pesos en 2025, pero se calcula que la cifra podría rebasar los 2 mil millones de pesos.
Al investigarse estas empresas se descubrió que los domicilios fiscales son inexistentes, nadie sabe de ellas en las direcciones que se registraron y los supuestos socios encontrados niegan ser parte de ellas y acusan robo de identidad.
Hasta el momento “Alimentos para el Bienestar” continúa trabajando sin que el Gobierno de Sheinbaum y las autoridades fiscales mexicanas hagan nada para aclarar el esquema fraudulento.
Caso Vector Casa de Bolsa
Están por cumplirse seis meses de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como “instituciones de preocupación principal en materia de lavado de dinero” por presuntamente haber facilitado el tráfico ilícito de fentanilo.
Mientras en los Estados Unidos se mantiene una investigación activa en contra de Vector Casa de Bolsa, cuyo dueño es Alfonso Romo, exjefe de la oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en México se mantiene un hermetismo sobre el caso.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conocía desde agosto de 2024 operaciones sospechosas en Vector, ligadas a Samuel y Alexis Weinberg, hermanos que estuvieron ligados a actos de corrupción de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderon y que está preso en Estados Unidos por narcotráfico.
La empresa Nunvav Inc. de los hermanos Weinberg transfirió 47 millones de dólares, provenientes de supuestos desvíos de recursos públicos mexicanos, a cuentas de Vector entre 2015 y 2016, desde Barbados.
Este escándalo ligó de manera directa los supuestos actos de corrupción de la empresa al amigo personal de Andrés Manuel López Obrador, pero al igual con los otros casos, el Gobierno de Claudia Sheinbaum es acusado de voltear hacia otro lado y no aplicar la justicia.
