TOLUCA, Estado de México, noviembre 14 (XPFM). -La titular del Órgano Superior Fiscalizador del Estado de México (OSFEM), Liliana Dávalos Ham, informó que se presentaron observaciones por un monto preliminar de 52 mil millones de pesos en la revisión de la cuenta pública 2024 del gobierno de Delfina Gómez y cuentas municipales.
Liliana Dávalos presentó el Informe de Resultados ante la Comisión Legislativa del Congreso local y las irregulares equivalen al 13 % del presupuesto estatal.
La auditora superior auditó 549 entes públicos, entre dependencias estatales, ayuntamientos y organismos autónomos, en donde se detectaron 2 mil 166 inconsistencias y se emitieron 5 mil 634 observaciones.
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De las más de 5 mil observaciones, 2 mil 580 corresponden a cumplimiento financiero y 10 por respecto al año anterior. Se generaronmil 110 recomendaciones y 815 pliegos de observación dirigidos a las entidades fiscalizables.
La auditora explicó que del monto preliminar el 60 % corresponde a cuentas estatales que son responsabilidad de Delfina Gómez y su equipo de trabajo, mientras que el 40 % son del los ayuntamientos de la entidad.
Esto quiere decir que las irregularidades en las cuentas del Gobierno Estatal sería cercanas a los 31 mil 200 millones de pesos, mientras que los ayuntamientos deben aclarar cuentas por 20 mil 800 millones de pesos.

De las irregularidades detectadas se incluyen procesos de obra pública pagada y no ejecutada, adquisiciones sin sustento documental, contrataciones con sueldos superiores a los tabuladores autorizados y deficiencias en la comprobación del gasto público.
Esto representa el inicio del proceso de fiscalización, por lo que tanto el Gobierno Estatal como los municipales, tendrán que responder a las observaciones para que las cuentas sean aclaradas.
En caso de que las inconsistencias no sean aclaradas, los expedientes se turnarán al área de investigación, donde podrían derivar en presuntas responsabilidades administrativas.
Sin embargo, si se trata de faltas graves, serán remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa, que puede imponer sanciones o inhabilitaciones de tres meses a diez años.


