CULIACÁN, Sinaloa, junio 29 (XPFM). -El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya muestra su intolerancia y afán dictatorial, usando armas y un plan piloto que persigue a sus rivales políticos hasta encarcelarlos o envolverlos en procesos legales, para abrir paso a sus cercanos rumbo a las elecciones que lo sucederán en un par de años.
El abogado penalista Jesús Alfredo Morales Aguilar, se sumó a las voces de expertos políticos que creen que las acusaciones en contra del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, son más un tema político que legal para sacarlo de la lucha por la gubernatura.
El 2 de mayo de este año el Congreso de Sinaloa desaforó a Gerardo Vargas Landeros, quien cumplía con su segundo periodo como presidente municipal de Ahome, tras ganar las elecciones en 2020 y 2024 con los colores de Morena.
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La Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció a principios de 2025 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Sinaloa a Vargas Landeros, por un presunto ejercicio indebido del servicio público.
Gerardo Vargas fue acusado por supuestas irregularidades en la renta, mediante adquisición directa, de 126 patrullas para la policía del municipio en el 2021, para renovar la flotilla que en un 70 por ciento estaba en malas condiciones.
La denuncia de la ASE se da a pesar de que Vargas Landeros cumplió con todas las comprobaciones de su gobierno entre 2021 y 2024, ajustándose a los tiempos políticos actuales de cara a la elección en la que se renovará la gubernatura.
Vargas Landeros es percibido por los expertos políticos como la figura con mayor fuerza para obtener la candidatura por Morena en dicha elección, lo que aseguran no es conveniente a los intereses del actual gobierno estatal.
El abogado Jesús Alfredo Morales se sumó a las voces de expertos especialistas en política como Aarón Sánchez, Esteban Quintero y Alexandro Méndez, en el sentido de que las acusaciones en contra del presidente municipal de Ahome son más un asunto político que legal.
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Hay tres escenarios para Vargas Landeros en el futuro cercano de acuerdo a lo explicado por el litigante Jesús Alfredo Morales.
El primero es el “no ejercicio penal” en su contra. Previo a la audiencia inicial el Ministerio Público en a quien se le delegue el caso podría decretar el no ejercicio de la acción penal, dejando libre de sospecha al inculpado.
El segundo escenario iniciar una “acción penal”. Esto ocurre cuando el Ministerio Público encuentra, o dice encontrar, motivos suficientes para iniciar un proceso legal en contra del inculpado.
El tercer panorama el Ministerio Público podría “archivar las investigaciones” de manera temporal en fase inicial al no encontrar antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación.
El litigante señaló que el proceso judicial en contra de Vargas Landeros puede durar el tiempo “que le convenga” a sus adversarios políticos, que lo quieren fuera de la elección.
En la práctica, el Ministerio Público resuelve estos asuntos entre seis y siete meses, pero por ser un tema presumiblemente político, seguramente podrían ajustarlo a los tiempos electorales, dijo Morales Aguilar.
El experto en temas políticos Esteban Quintero, señaló que es evidente que lo que se busca es “limpiar del camino a posibles perfiles de cara a la próxima elección, porque aún cuando el gobernador no le tocará elegir a su sucesor, teniendo a Vargas en el tema, lo hace menos atractivo”.
Los especialistas consultados por el diario El Debate de Sinaloa, destacaron que la sola mención de Vargas Landeros como posible candidato a la gubernatura, activó el aparato de gobierno de Rubén Rocha Moya para tratar de anularle cualquier posibilidad.
“La acusación que le hace la ASE (a Vargas Landeros) tiene un fuerte componente político y muy poco de fundamento legal. Vargas Landeros genera mucha preocupación al Gobierno de Sinaloa”, aseguró el analista Aarón Sánchez en entrevista con El Debate.
Por su parte el analista Alexandro Méndez recordó que “Vargas ya ha vivido esta película: lo han intentado exhibir antes y, en lugar de debilitarlo, lo posicionaron mejor”.
En su investigación El Debate consultó al extitular del Órgano Interno de Control (OIC) del Ayuntamiento de Ahome en 2021, Fausto Ibarra Celis, quien fue miembro del comité de adquisición cuando se llevó a cabo el arrendamiento de las patrullas.
Previo a la reunión del comité de adquisiciones, el área de auditoría del OIC de Ahome, realizó un estudio sobre el estado que guardaba el parque vehicular de seguridad pública al inicio del pasado trienio.
Dijo que este expediente, que consta de 520 páginas, arrojó como resultado que aproximadamente el 70 por ciento de los vehículos ya no reunían las condiciones para operar.
Destacó que se encuentra en poder del actual OIC del municipio y se tiene copia del mismo en el expediente de auditoría que practicó la ASE (2022), cuyo contenido, dijo, debe ser público.
El caso de Vargas Landeros no es el único, el ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, fue desaforado en junio del 2022 y el de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, vivió algo similar en febrero del 2023.
Ambos alcaldes, al igual que Vargas Landeros, fueron promovidos como candidatos a sus respectivos municipios por Morena, partido que es mayoría en el Congreso local y cuyos legisladores los desaforaron.
Para el especialista Alexandre Méndez, Gerardo Vargas es un político que se crece en la adversidad, que forma parte de un grupo sólido que ya ha sabido imponerse en escenarios complejos y, aunque hay varios jugadores con miras a la gubernatura, está claro que él no forma parte del grupo cercano al gobernador.
“El momento de frenarlo fue en el pasado. Hoy, pretender hacerlo a través de denuncias mediáticas es como intentar blofear a quien ya conoce todas las jugadas”, destacó Alexandre Menéndez.
