CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 06 (XPFM).- Debido a sus riquezas naturales, la Sierra Tarahumara, situada en el estado mexicano de Chihuahua, México, es un lugar acosado por intereses privados, los caciques locales y los grupos de narcotraficantes, y una región que cuenta con muchos desplazados internos.
Desde hace tiempo, sus habitantes y distintas asociaciones, entre ellas la organización Alianza Sierra Madre, se han organizado para protegerse y promover sus derechos.
La dirigente de la Alianza, Isela González Díaz, informó que el principal reto que han encontrado ha sido garantizar el acceso a la justicia y prevenir la invasión de sus tierras por esos caciques y grupos empresariales o de los mismos narcotraficantes.
Reconocimiento de los territorios indígenas
Alianza Sierra Madre trabaja, desde los años 90, con las comunidades indígenas Coloradas de la Virgen y Choréachi, especialmente en la promoción de sus derechos de defensa de la tierra, la conservación biocultural y el bienestar comunitario.
Durante tres décadas, el trabajo de la asociación ha dado resultados como el reconocimiento legal de los territorios indígenas y la protección estatal de más de 30.000 hectáreas de bosque de pino Encino.
Además, ha logrado que el Tribunal Unitario Agrario local suspenda los permisos de aprovechamiento forestal, que se habían autorizado a ciertos grupos privados.
Isela González explica el trabajo que hacen en cumplimiento de los planes de la Junta de gobierno del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
“Estamos trabajando mucho en la reparación del daño material e inmaterial a la comunidad de Las coloradas de la Virgen y de las familias desplazadas”, dijo y añadió que también están trabajando en la capacitación de las familias desplazadas.
Además, mantienen un caso en la Corte Interamericana “documentando que el Estado no vaya a permitir agresiones hacia la comunidad”.
Más allá de acompañar jurídicamente y empoderar a las comunidades indígenas para que conozcan y exijan sus derechos, Alianza Sierra Madre participa en procesos de diálogo con autoridades y otros actores de la sociedad civil para sensibilizarlos sobre los derechos de las comunidades.
Combate del narcotráfico
Aparte de su búsqueda por defender los territorios, la organización trabaja para combatir la violencia vinculada al narcotráfico. De acuerdo con González, su trabajo le ha causado amenazas de muerte y campañas de desprestigio.
“Estamos en una zona en el triángulo dorado y siempre se han tenido amenazas y hostigamiento, y esto incrementó porque hubo un parteaguas que facilitó mucho a los caciques o actores sociales que pretenden despojar a las comunidades de su territorio”, manifestó.
Organismos nacionales e internacionales han reconocido la situación de violencia extrema que azota a la Sierra Tarahumara y que significa un elevado riesgo para las personas defensoras de derechos humanos.
Debido a su labor, tanto las y los líderes comunitarios como integrantes de Alianza Sierra Madre, han sufrido represalias, mientras muchas comunidades se ven forzadas a desplazarse por temor a la presencia del crimen organizado y a las ejecuciones, amenazas y reclutamiento forzado en campos de siembra de opiáceos.
En febrero de 2014, el Mecanismo Federal de Protección a defensores del Gobierno de México otorgó medidas de protección a varios integrantes de Coloradas de la Virgen, entre ellas Isidro Baldenegro López, uno de los principales defensores de la sierra. No obstante, a pesar de ello, el 15 de enero del 2017, lo asesinaron.
“Acompañamos a las personas que se encuentran en situaciones de desplazamiento forzado; sólo lo podemos hacer a través de acompañamiento policiaco por ser beneficiarios del Mecanismo de Protección, aunque éste sí nos limita, porque siempre están ahí acompañándonos los policías. Finalmente, estamos muy conscientes que hay cosas que no se pueden tratar delante de los policías. Sobre todo, las estrategias”, comentó González.
La situación más allá de la Sierra Tarahumara
Chihuahua ha sido uno de los estados más afectados por la violencia en las últimas décadas.
La presencia histórica de grupos de la delincuencia organizada, la nula respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad de la ciudadanía, la colusión con actores públicos y privados para la sobreexplotación del bosque, así como las acciones dirigidas al despojo de tierras de cultivo y bienes comunes, en particular de comunidades indígenas, han ocasionado múltiples eventos de violencia en contra de las personas y poblaciones de diversas comunidades serranas.
La situación de violencia ha generado que personas que habitan la región hayan sido desplazadas hacia otras partes del estado, incluso a otras entidades federativas.
Por el incremento de episodios de desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara, principalmente en el municipio de Guadalupe y Calvo, personas rarámuri y ódami se han visto en la necesidad de salir de sus comunidades para resguardarse en lugares más seguros.
A la fecha, la situación ha empeorado con nuevos desplazamientos, pues siguen viviendo bajo amenazas por las cuales es imposible que los integrantes de la región regresen a su comunidad en condiciones de dignidad y seguridad.
Las niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento también son víctimas directas, pues el lugar donde se encuentran tiene múltiples carencias, que constituyen una grave violación a sus derechos humanos.
Aún lejos de su territorio, las personas desplazadas continúan su labor de defensa del bosque y de la memoria de quienes han sido asesinados por negarse al despojo de su territorio.
Información de Noticias ONU
