El magistrado de la SCJN considera la Sedena no está facultada para controlar y administrar a la GN.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (XPFM). -El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó un proyecto para invalidar el pasado de la Guardia Nacional a la administración de la Secretaría de la defensa Nacional (Sedena).
La Guardia Nacional forma parte desde el año pasado de la administración de la Sedena por mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y validado por el bloque oficialista en las cámaras de diputados y senadores a pesar de que la oposición consideró el acto como inconstitucional.
La idea principal del ministro González Alcántara Carrancá es invalidar el Artículo 29 en su fracción XVI y fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en la que se faculta a la Sedena el control y operación administrativa de la Guardia Nacional.
El magistrado considera que la actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente en casos excepcionales o en tiempo de guerra en donde las Fuerzas Armadas toman el control de la seguridad y las garantías individuales de los individuos quedan anuladas.
“El artículo 129 constitucional reza que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer mбs funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar y, en ese sentido, por regla general, ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución Federal consagra, en exclusiva, a autoridades civiles.
“Sólo ante una habilitación constitucional o bien, derivada de la activación del procedimiento de restricción o suspensión de los derechos y las garantías previsto en el artículo 29 constitucional, la Fuerza Armada permanente puede colaborar en labores de seguridad pública, atendiendo a las salvaguardas ya mencionadas”, explicó el ministro González Alcántara.
La propuesta también abarca la invalidación del artículo 14 fracción III de la Ley de la Guardia Nacional en la que se fija que el Comisario General del organismo armado es elegido por el alto mando de la Sedena.
“En tiempos de paz, la actuación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública está vedada por los artículos 21 y 129 constitucionales, salvo cuando exista una habilitación en la propia Constitución Federal o bien, se active el proceso previsto en el artículo 29 del mismo ordenamiento”, destacó el ministro de la SCJN.
