• Repudiaron tanto los métodos como los dichos de la gobernadora, pues les parece inaceptable que intervenga y altere comunicaciones privadas y haga uso de ellas para denostar a ciudadanos desde el poder.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (XPFM).- Por medio de un pronunciamiento conjunto, más de 87 senadoras y senadores (mayoría calificada) de diferentes grupos parlamentarios expresaron su solidaridad al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, ante los ataques sistemáticos e ilegales que ha recibido en los últimos días.
En la declaración, que suscribieron este miércoles, las y los legisladores rechazaron las agresiones contra integrantes de la Cámara de Senadores, órgano en el que se representa la pluralidad de la nación.
Entre las y los firmantes (hay 38 de Morena; 13 del PAN; 12 del PRI; 12 de Movimiento Ciudadano; 5 del Partido Verde; 3 del PRD y 4 del Grupo Plural), se encuentra el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier y diversos coordinadores parlamentarios.
Aquí el Pronunciamiento:
“Quienes suscribimos esta declaración expresamos nuestro más enérgico rechazo a los ataques de la gobernadora Layda Sansores en contra del Senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. No aceptamos agresiones contra ninguno de los 127 Senadores de la República que representamos la pluralidad de la nación”.
“Repudiamos tanto los métodos como los dichos de la gobernadora. Nos parece inaceptable que intervenga y altere comunicaciones privadas y que desde el poder haga uso de ellas para denostar a ciudadanos; que con recursos públicos patrocine una campaña de descalificación en contra de una persona; y que viole un amparo sin ningún escrúpulo con tal de continuar con su empeño de difundir falsedades y agresiones calumniosas, entre otras conductas injustificables e ilegales”.
“En contra de la confrontación y en favor de la armonía, manifestamos nuestra solidaridad al Senador Ricardo Monreal Ávila, ante un gobierno que utiliza de manera sistemática, ilegal e impune recursos públicos para fines de persecución y acoso”.
