• El monto equivale a 2 mil 257 millones de pesos que afectó a 60 mil familias de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, señala la diputada del PT, Lilia Aguilar.
CIUDAD DE MÉXICO, Septiembre 13 (XPFM).- La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) denunció que en la pasada administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en alianza con personal del Poder Judicial, concretaron un fraude equivalente a 2 mil 257 millones de pesos, que afectó a 60 mil familias de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
“Este personaje mandó cerca de 211 mil juicios a juzgados en Nayarit, Coahuila y el Estado de México, donde se vieron afectados los 32 estados de la República. Específicamente han salido a la luz juicios que se dieron en Nayarit, donde se concentraron los casos de 60 mil familias despojadas por un solo juzgado que trabajaba con un despacho de abogados, que les hacían las resoluciones desde fuera y luego el juez sin ningún conocimiento firmaba el despojo”, refirió la parlamentaria en un comunicado.
Al participar en el foro “Hacia la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y análisis”, la legisladora por Chihuahua lamentó que las familias afectadas no tuvieran conocimiento de que estaban siendo sujetas a un proceso para quitarles su casa, sino que éste se estaba realizando en distritos judiciales completamente alejados a los que pertenecen.
Abundó que como esos 60 mil casos existen otros similares en Coahuila. “Desde 2014 se hacen estas maniobras. Para colmo de males, no se hicieron estos juicios de manera abierta, transparente, con intermediación, sino que el fraude fue tal que pusieron la dirección de notificación de todas estas personas en un solo domicilio, en Compostela, de ese tamaño el fraude que se hacía con la vivienda”.
Ante este panorama, la también presidenta de la Comisión de Vivienda precisó que actualmente el Infonavit realiza un gran esfuerzo para que estos juicios no afecten a más familias, “aunque se trata de una labor muy compleja, porque los casos ya están en unidades jurisdiccionales que no dependen del Poder Ejecutivo o del propio instituto”.
