CIUDAD DE MÉXICO, agosto07 (XPFM).- La violencia que mantiene en alerta a Michoacán no sólo amenaza la seguridad de sus habitantes; también está golpeando directamente a una de sus principales actividades económicas. Tres de cada cuatro denuncias por extorsión en el estado se concentran en la franja aguacatera, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Michoacán.
De las 219 carpetas de investigación abiertas por este delito durante 2026, 166 corresponden a los 31 municipios productores de aguacate, equivalentes al 75.8 por ciento del total. El dato exhibe hasta qué punto el crimen organizado ha encontrado en las actividades productivas una fuente de ingresos y control.
Morelia encabeza la lista con 91 denuncias, seguida de Uruapan con 41. Pátzcuaro y Salvador Escalante también aparecen entre los municipios afectados. La extorsión, sin embargo, no se limita a los aguacateros: productores agrícolas, mezcaleros y de resina también enfrentan presiones criminales.
El problema dejó de ser exclusivamente local. La violencia registrada tras la captura de un presunto líder del Cártel de Los Reyes provocó bloqueos en Los Reyes y Peribán y terminó afectando las operaciones estadounidenses de inspección de aguacate destinado a su mercado.
La suspensión de esas actividades por parte de Estados Unidos representa un golpe comercial, pero también una señal de alarma: la inseguridad mexicana ya tiene consecuencias que trascienden las fronteras y pueden poner en riesgo cadenas de exportación completas.
El gobierno federal respondió con un mayor despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército para intentar recuperar las condiciones que permitan reactivar las exportaciones. Sin embargo, aumentar la presencia militar después de que la violencia estalla difícilmente resuelve el problema de fondo.
La dimensión de las denuncias plantea una pregunta incómoda para las autoridades: ¿cómo es posible que una región económica estratégica acumule semejante nivel de extorsión sin que el Estado haya logrado contenerlo? Las cifras sugieren que el problema no es coyuntural, sino estructural.
Mientras los productores tengan que trabajar bajo amenaza y el crimen pueda alterar incluso el comercio internacional, el problema del aguacate en Michoacán seguirá siendo mucho más que una crisis de seguridad: será una muestra del costo económico de perder el control territorial.
