CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 04 (XPFM).- Un vehículo cargado con aproximadamente 200 kilos de explosivos, detonado contra una comandancia policial en Ojocaliente, Zacatecas, dejó 11 personas lesionadas y daños en viviendas, vehículos, patrullas e instalaciones de seguridad. La pregunta resulta inevitable: ¿qué tendría que ocurrir para que un ataque de esta magnitud sea considerado terrorismo?
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que por estos hechos ya fueron detenidos Juan Pedro “N”, señalado como presunto responsable principal de colocar los explosivos, así como Hipólito “N” y Miguel “N”, quienes presuntamente realizaron labores de vigilancia antes de la agresión. La investigación, dijo, continuará hasta localizar a todos los involucrados, incluso si se encuentran fuera de Zacatecas.
En el intercambio con los medios durante la conferencia presidencial dejó un dato que, lejos de tranquilizar, abre todavía más dudas, pues al ser cuestionado sobre cuántos ataques similares se han registrado en Zacatecas, Harfuch reveló que van 23, aunque no todos de la misma magnitud.
23 hechos de este tipo y uno de ellos con unos 200 kilos de explosivos utilizados contra una instalación policial, pueden discutirse jurídicamente, pues habría que determinar si cada caso encuadra o no en el delito de terrorismo, pero reducir el debate a una cuestión semántica tampoco explica por que la capacidad de fuego que están mostrando los grupos criminales.
Y el antecedente de Harfuch también pesa. El funcionario construyó buena parte de su trayectoria en áreas de inteligencia y seguridad, primero en la entonces Policía Federal y posteriormente en la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. En 2020, cuando encabezaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, fue víctima de un atentado atribuido por las autoridades al Cártel Jalisco Nueva Generación, ataque en el que murieron dos de sus escoltas y él resultó herido.
Su paso por la investigación criminal tampoco ha estado exento de cuestionamientos. En el caso Ayotzinapa, los trabajos oficiales posteriores documentaron las deficiencias de las investigaciones realizadas durante la etapa de la entonces PGR, incluidas acusaciones de tortura, dependencia excesiva de declaraciones y falta de pruebas objetivas. Harfuch ocupó cargos dentro de esa estructura institucional durante aquellos años, aunque ello no significa que se le pueda atribuir personalmente la responsabilidad por esas irregularidades.
Hoy, desde la principal posición civil de seguridad del gobierno federal, Harfuch vuelve a estar frente a uno de los mayores desafíos: grupos criminales con capacidad para movilizar y detonar cientos de kilos de explosivos contra instalaciones oficiales.
La respuesta oficial puede limitarse a detener a los responsables y esperar el resultado de las investigaciones. Pero hay una cuestión que difícilmente desaparece: si 200 kilos de explosivos contra una comandancia, 11 personas heridas y 23 antecedentes similares todavía no ameritan hablar públicamente de terrorismo, ¿cuál sería entonces el límite?
Porque una cosa es esperar la calificación jurídica definitiva y otra muy distinta ignorar la dimensión del problema. El nombre legal puede discutirse; la capacidad de violencia, no.
