La fiscal general de Nueva York, Letitia James, asumió una indagatoria especial sobre una presunta agresión sexual grupal cometida por siete alumnos en la universidad de Cornell, tras confirmarse la omisión de pruebas clave por parte de las autoridades locales.
La intervención estatal ante el desplazamiento de la fiscalía local
La gobernadora Kathy Hochul ordenó apartar al fiscal del condado de Tompkins tras detectar irregularidades procesales.
La decisión ejecutiva desplazó al fiscal Matthew Van Houten luego de una revisión exhaustiva que reveló la manipulación de los registros iniciales. Durante una conferencia de prensa conjunta, la mandataria estatal reveló que la Policía de Cornell entregó una versión fragmentada del testimonio de la víctima, identificada bajo el pseudónimo procesal de Jane Doe. En dicho reporte se escatimó deliberadamente la frase categórica en la que la afectada aseguró de forma contundente haber sido agredida sin margen de duda.
El conflicto institucional escaló debido a las contradicciones flagrantes entre las autoridades del condado y la administración estatal. Mientras el funcionario separado argumentó públicamente a principios de semana que la declaración jurada no contenía indicios de sumisión química ni de ataque colectivo, los elementos probatorios apuntaban hacia una maniobra de encubrimiento. La defensa de la afectada documentó que la noche de los hechos, ocurrida entre el 19 y el 20 de octubre de 2024, la estudiante fue sometida tras consumir alcohol y ser inducida a inhalar ketamina dentro de las instalaciones de la fraternidad Chi Phi.
Las repercusiones académicas y la defensa de los implicados
El claustro universitario defiende sus medidas disciplinarias mientras el expediente pasa a manos de un gran jurado.
Las repercusiones dentro del campus no se hicieron esperar ante la gravedad de los señalamientos sobre una agresión perpetrada durante horas por un grupo numeroso de estudiantes. La administración de la institución rechazó categóricamente las versiones que minimizaban las sanciones aplicadas, detallando que dos de los señalados enfrentaron la expulsión definitiva, desmintiendo rumores sobre castigos menores como la elaboración de ensayos académicos.
Por su parte, los representantes legales de los siete alumnos implicados mantienen posturas divididas pero firmes en su defensa. Cuatro de los estudiantes admitieron haber sostenido encuentros íntimos con la denunciante, aunque insistieron bajo rigor jurídico en que existió consentimiento pleno, en tanto que los tres restantes negaron cualquier participación en los hechos investigados. La intervención de la fiscalía general busca ahora esclarecer las fallas en la cadena de custodia y determinar las responsabilidades penales en esta fractura de la seguridad institucional.
(Con información de Europa Press)
