Ante la crisis de vivienda que azota a los veintisiete países del bloque, la Unión Europea presentó un plan para apoyar a los Ayuntamientos en la limitación de alquileres de corta duración como los de Airbnb, ofreciendo herramientas jurídicas para regular las zonas turísticas afectadas.
Bruselas busca blindar a los ayuntamientos frente a la presión de las plataformas digitales
Las corporaciones tecnológicas suelen llevar ante los tribunales las restricciones municipales, por lo que la iniciativa de la Comisión Europea pretende aclarar las circunstancias en las que los gobiernos locales pueden intervenir en el mercado inmobiliario sin infringir las reglas comunitarias. El parque inmobiliario europeo registra una concentración de alquileres turísticos de hasta el veinte por ciento en barrios específicos, a pesar de representar únicamente el uno punto dos por ciento del total general, detonando un incremento acumulado del sesenta por ciento en el precio de la vivienda y de casi el treinta por ciento en los alquileres durante los últimos quince años.
Teresa Ribera defiende la intervención pública ante el fracaso del mercado en el acceso habitacional
La responsabilidad de actuar recae sobre los poderes públicos cuando el mercado fracasa en la provisión de un alojamiento asequible, según advirtió Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, al detallar unas medidas que contarán con una vigencia máxima de cinco años. La propuesta normativa deberá superar las negociaciones correspondientes con el Parlamento Europeo y con los Estados miembros antes de su entrada en vigor definitiva.
Alcance territorial y excepciones contempladas en la nueva directriz comunitaria
Las metrópolis podrán restringir los alquileres vacacionales y la adquisición de bienes inmuebles destinados a estancias cortas en aquellas áreas catalogadas oficialmente como de baja tensión inmobiliaria. Quedarán exentos de esta futura legislación los propietarios que decidan alquilar de manera ocasional su residencia principal durante periodos breves, respetando asimismo las normativas locales que ya se encuentren vigentes y operando en las distintas regiones.
La postura de Airbnb ante la ofensiva regulatoria impulsada desde Bruselas
La plataforma digital cuestiona el diagnóstico oficial al señalar que la verdadera raíz del problema radica en la insuficiencia de construcción de inmuebles nuevos. La postura empresarial defiende que cualquier legislación futura debería concentrarse primordialmente en incrementar la oferta habitacional en lugar de restringir el modelo operativo de los arrendamientos temporales.
(Con información de AFP)
